El 23 de noviembre, el Parlamento adoptó dos propuestas destinadas a modernizar los sistemas judiciales de la UE que ayudarán a reducir las demoras, aumentar la seguridad jurídica y hacer que el acceso a la justicia sea más barato y fácil de utilizar.
Las nuevas regulaciones implementarán varias soluciones digitales para la obtención transfronteriza de pruebas y para la entrega de documentos, con el objetivo de hacer más eficiente la cooperación entre los tribunales nacionales de diferentes países de la UE.
Respaldar las tecnologías de comunicación a distancia ayudará a que las pruebas se obtengan de forma más rápida y económica. Por ejemplo, para escuchar a una persona involucrada en un procedimiento judicial transfronterizo, se puede utilizar la videoconferencia en lugar de requerir presencia física.
Se establecerá un sistema informático descentralizado que acoja los sistemas nacionales para que los documentos puedan intercambiarse electrónicamente de una manera más rápida y segura. Las nuevas reglas incluyen disposiciones adicionales para proteger los datos y la privacidad cuando se transmiten documentos y se toman pruebas.
Las regulaciones ayudan a simplificar los procedimientos y ofrecen seguridad jurídica, lo que alentará a las personas y las empresas a realizar transacciones transfronterizas. De este modo, no solo se fortalece la democracia sino también el mercado interior.
Esfuerzos de la UE para la digitalización de la justicia
Las dos propuestas actualizan las regulaciones de la UE existentes sobre notificación, traslado de documentos y obtención de pruebas, con la finalidad de garantizar el aprovechamiento óptimo de las soluciones digitales modernas.
Son parte de los esfuerzos de la UE para ayudar a digitalizar los sistemas judiciales. Aunque en algunos países las soluciones digitales ya han demostrado su eficacia, los procedimientos judiciales transfronterizos todavía se llevan a cabo principalmente en papel. La UE tiene como objetivo mejorar la cooperación transfronteriza a nivel de europeo, ayudando así a los ciudadanos y a las empresas, mientras se preserva la capacidad de la ley para proteger a los ciudadanos de forma eficiente.
La crisis de Covid-19 ha causado muchos problemas al funcionamiento del sistema judicial: ha habido retrasos en las audiencias en persona y en la entrega transfronteriza de documentos judiciales; incapacidad temporal para obtener asistencia jurídica en persona; y vencimiento de los plazos por demoras. Además, el creciente número de casos de insolvencia y despidos debido a la pandemia hace que el trabajo de los tribunales sea aún más crítico.
Las propuestas entran en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.