El proyecto de ley refuerza el derecho de los pueblos indígenas a gobernar y administrar sus territorios de manera autónoma, proporcionando un marco de coordinación que garantiza respaldo y seguridad jurídica.
Por primera vez, un instrumento jurídico reconoce el debido proceso propio de los 116 sistemas de justicia indígena que existen en el país, valorando sus particularidades y derechos.
La ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, radicaron hoy ante el Senado de la República el ‘Proyecto de Ley de Coordinación Interjurisdiccional’, iniciativa que establece por primera vez en la historia los mecanismos y formas de armonización entre la Jurisdicción Especial Indígena’ (JEI) y el Sistema Judicial Nacional.
Con este paso, se cumple un hito clave en la reglamentación del artículo 246 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce que los pueblos indígenas tienen el derecho de ser juzgados bajo sus propias autoridades y procedimientos, en consonancia con su cultura y tradiciones.
La ministra de Justicia manifestó que este proyecto de ley es una deuda histórica que “busca establecer una hoja de ruta que refuerce el reconocimiento de los sistemas de justicia, también entendiendo que en muchas ocasiones nuestros grupos ancestrales han pedido colaboración, pero respetando su autonomía y respetando su cosmovisión”.
“Crea unas bases generales para que las diferentes formas de justicia puedan trabajar juntas y me parece emocionante ver cómo va a ser, en la práctica, algo que ya se viene realizando poco a poco con los jueces, con los magistrados y con algunas comunidades territoriales en donde han entendido dinámicas de armonización”, señaló la funcionaria.
Según el Ministerio de Justicia, “la falta de reglamentación en cuanto a la coordinación entre la JEI y la justicia ordinaria ha generado vacíos normativos y barreras de acceso que han afectado a las comunidades indígenas por décadas”.
El ‘Proyecto de Ley de Coordinación Interjurisdiccional’ no solo garantiza el respeto por los sistemas de justicia indígena, sino que también incluye salvaguardas clave para los derechos de las mujeres. En este sentido, se establecen compromisos de debida diligencia tanto para la ‘Jurisdicción Especial Indígena’ (JEI) como para la ‘Justicia Ordinaria’ (JO), con el objetivo de transformar prácticas que puedan lesionar los derechos de las mujeres dentro de las comunidades.
Este avance es el resultado de un trabajo conjunto y participativo entre las entidades del sector justicia, la Rama Judicial y las organizaciones indígenas, en el marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN).
La cartera de Justicia recordó que “en junio pasado, durante la Mesa Permanente de Concertación Indígena en Bogotá, este proyecto fue protocolizado, marcando un hito en la construcción de un marco legal que respeta la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. En dicho espacio, se establecieron los lineamientos generales de la coordinación interjurisdiccional, con el objetivo de responder a la complejidad y diversidad étnica de la nación colombiana”.
“Con esta propuesta, se busca asegurar que los pueblos indígenas puedan acceder a la justicia de manera integral, respetando su identidad cultural y promoviendo una convivencia armoniosa entre los diferentes sistemas jurídicos que coexisten en el país”, puntualizó el Ministerio de Justicia.
Fuente: https://www.presidencia.gov.co/