Los servicios jurídicos de VOX han presentado dos querellas como consecuencia de las agresiones que esta formación política sufrió durante su primer acto de precampaña, el pasado 7 de abril, en la Plaza de la Constitución del distrito de Vallecas. La primera, en el Tribunal Supremo, contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la segunda, en los juzgados de Instrucción contra Mercedes González, Juan Carlos Monedero, el responsable de la Primera UIP y los responsables de la Asociación Bukaneros.
La querella contra Marlaska hace referencia a delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y delito electoral y considera que el ministro de Interior consintió que se desarrollasen convocatorias ilegales para impedir un acto electoral, unas convocatorias que, además, venían alentadas por conocidos personajes públicos y políticos y no eran desconocidas por el ministro, especialmente, cuando desde VOX se había informado con días de antelación de estas convocatorias.
A Grande-Marlaska se le responsabiliza de no haber impedido el lanzamiento de objetos y las agresiones a los participantes en el acto político. Resultando heridas numerosas personas. Entre éstas se encuentra Ángel López Maraver, diputado de VOX en el Congreso además de más de varias decenas de personas entre asistentes y agentes de policía.
Del mismo modo, se le considera responsable de un dispositivo policial intencionadamente defectuoso con la intencionalidad de que el acto no se celebre favoreciendo la actuación de los contramanifestantes.
La segunda querella, dirigida contra la delegada del Gobierno, Monedero, el responsable de la Primera UIP y la Asociación Bukaneros, ha sido presentada ante los juzgados de instrucción.
A Mercedes González y al responsable de la UIP, se le achacan delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. A Bukaneros, por concentración ilícita y delito de odio, y a Monedero por incitación al delito.
Todos los delitos, recogidos en las dos querellas, adquieren una mayor gravedad al ser cometidos en periodo electoral.