Pese a los avances, existe un amplio margen de mejora para garantizar los derechos de las personas migrantes y acabar con situaciones de exclusión y desprotección
El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que en estos momentos está en proceso de reforma, es un instrumento clave en la política migratoria y herramienta fundamental para promover la inclusión de la población migrante en España.
La alianza formada por seis organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas (Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes) valoran positivamente algunas de las reformas propuestas por el Gobierno, reconociendo que se han incorporado aportaciones clave compartidas por las entidades sociales, tales como la reducción del periodo de residencia previa para obtener la regularización o la simplificación de los procedimientos de arraigo . Sin embargo, consideran que todavía existe un amplio margen de mejora.
Para ello, estas seis organizaciones han presentado una batería de propuestas dirigidas a garantizar vías de entrada seguras y regulares que eviten la irregularidad administrativa, tales como la concesión de visados, la flexibilización de la figura de la reagrupación familiar para procurar el derecho a la vida en familia de las personas migrantes y la rebaja de los períodos de residencia exigidos para solicitar las autorizaciones de residencia y trabajo como única vía para evitar situaciones de exclusión y desprotección.
También se incorporan propuestas relativas a la propia tramitación de las autorizaciones, que en la actualidad representa la primera barrera con la que se encuentran las personas migrantes para poder regularizar su situación. Se propone reforzar las vías presenciales de presentación de solicitudes de expedientes de extranjería, con medidas como la creación de puntos de información, acompañamiento y orientación a las personas, con el fin de reducir la elevada brecha digital que se advierte en el acceso a la administración de extranjería, la traducción de la documentación a los idiomas más habituales o el uso de intérpretes.
Además, se insiste en la necesidad de proteger el acceso a la justicia y a la denuncia segura para las personas en situación administrativa irregular que son víctimas de delito, de manera que la condición de víctima prime sobre el estatuto de residencia, y puedan evitarse situaciones de gran desprotección, expulsión, infradenuncia e impunidad del denunciado/infractor.
La normativa de extranjería debe garantizar que no haya niños y niñas en situación irregular y para ello se requiere seguir profundizando en los instrumentos de protección y reconocimiento de derechos de las niñas y niños migrantes, acompañados o no por sus familias. En este sentido, se deben incorporar propuestas más amplias que las del texto presentado en cuanto a la autorización de residencia legal para menores que han nacido en España o la adaptación del sistema de determinación de la edad a la normativa internacional, entre otras.
Las seis organizaciones firmantes consideran necesario seguir avanzando en la modificación del Reglamento de Extranjería de forma dialogada y participada para desarrollar una política migratoria que no solo ponga el foco en las necesidades del mercado laboral español, sino que se aborde todos los obstáculos normativos y estructurales que impiden a la población migrante su plena participación en la sociedad española en igualdad de derechos.
Fuente: https://www.caritas.es/