El presidente Santiago Peña promulgó la Ley 7452, un paso clave para el crecimiento económico del Paraguay. Esta reforma moderniza el régimen de promoción de inversión en infraestructura, alineándolo con estándares internacionales y aprovechando aprendizajes del modelo de alianzas público-privadas, promoviendo inversiones en infraestructura y servicios complementarios
“Apostamos por el desarrollo del Paraguay a través del incentivo a las iniciativas privadas, del establecimiento de criterios claros, transparentes y eficientes para la evaluación de ofertas, la asignación de riesgos y el uso de los recursos” expresó el mandatario.
La ley busca promover inversiones en infraestructura pública mediante mecanismos de participación público-privada, regular un marco institucional para la implementación eficiente de proyectos a lo largo de su ciclo de vida, revisar y aprobar proyectos considerando su naturaleza a largo plazo y los riesgos fiscales asociados.
Principios Fundamentales
Los principios que guiarán la aplicación de esta ley incluyen:
Supervisión estatal: El Estado tendrá competencias para planificar, controlar y supervisar la ejecución de contratos.
Transparencia: La información sobre los contratos será pública, garantizando rendición de cuentas.
Rentabilidad social: Los proyectos deben responder al interés público y contribuir al bien común.
Eficiencia económica: Se buscará que los contratos generen eficiencia en la gestión de infraestructuras y servicios.
Competencia e igualdad: La selección de participantes privados se realizará mediante procedimientos transparentes y competitivos.
Estructura Legal
La ley establece la figura jurídica de los contratos de participación público-privada, regulando aspectos como: distribución de riesgos y beneficios entre el Estado y el participante privado, duración máxima de los contratos, que no podrá exceder 40 años, sustentabilidad ambiental, exigiendo que los proyectos cumplan con estándares ambientales y consideren riesgos relacionados con el cambio climático.
La Ley N° 7452 representa un avance significativo en la modernización del marco legal para las inversiones en infraestructura pública en Paraguay. Al fomentar la colaboración entre el sector público y privado, se espera mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía y optimizar el uso de recursos estatales.
Fuente: https://www.presidencia.gov.py/