En 2024 se ha incluido en la Justicia Gratuita y se ha instaurado la mediación penal y la laboral; y este año arrancará la civil y mercantil
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las medidas pioneras puestas en marcha por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública dentro de su Estrategia de Mediación, con la que persigue humanizar y hacer más sostenible la Administración de Justicia, además de reducir la carga judicial y dar alternativas más satisfactorias a la ciudadanía. Estas iniciativas se adelantan a los cambios recogidos en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada recientemente, y con las que Andalucía se ha convertido en un referente nacional.
Con motivo del Día Europeo de la Mediación, que cada año se celebra el 21 de enero, el Gobierno andaluz ha repasado las medidas implementadas en el 2024 para acercar esta vía alternativa de resolución de conflictos a los ciudadanos, con el objetivo de promover un cambio cultural basado en el diálogo y la búsqueda del acuerdo frente al exceso de litigiosidad.
Para dar a conocer estos nuevos servicios a la ciudadanía, la Junta de Andalucía estrena una campaña bajo el lema ‘Mediar es avanzar’ y una nueva identidad corporativa única que engloba todos los servicios de mediación que actualmente proporciona la Consejería de Justicia. Además, se han organizado diversas jornadas y se han dispuesto mesas informativas en las principales sedes judiciales.
Durante la pasada legislatura ya se crearon los puntos de información a la mediación en Andalucía (PIMA), que desde 2021 funcionan en las principales sedes judiciales de las ocho capitales y grandes ciudades, y ahora en el presente mandato se ha marcado un punto de inflexión con la Estrategia de Mediación, incluida en el diseño del Plan Estratégico de Justicia en el que está trabajando, y con la que la Junta de Andalucía quiere implicar a profesionales de la Judicatura, la Fiscalía, la Abogacía y la Procura, los Graduados Sociales o las Cámaras de Comercio.
Así, Andalucía es la primera comunidad en incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita. Desde el 1 de enero de 2024 se puede solicitar la asistencia letrada de un abogado de oficio para estos procesos si se cumplen los requisitos para acceder al sistema de Justicia Gratuita. Los profesionales perciben hasta 400 euros si logran un acuerdo que evite el juicio. En este sentido, entre enero y septiembre de 2024, los abogados del turno de oficio ya han certificado a la Consejería de Justicia un total de 127 asuntos.
En paralelo, el 1 de mayo comenzó a funcionar el Servicio de Mediación Penal en Andalucía (SEMPA), público y gratuito, que inicialmente se implantó en Almería, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla y que desde el 1 de septiembre está operativo también en Cádiz, Córdoba y Málaga. Se ubican en las principales sedes judiciales de las capitales y cuentan en cada provincia con un equipo formado por un jurista, un criminólogo y un trabajador social formados especialmente en mediación. A él pueden derivar los juzgados de lo Penal todo tipo de delitos, excepto los de violencia de género y sexual en los que la mediación está vetada por ley.
Casi 600 juicios evitados
Desde su puesta en marcha, los profesionales del SEMPA han logrado evitar 590 juicios al conseguir un acuerdo entre las partes. El plazo medio de resolución ha sido de 30 días de media, frente a los dos o tres años que pueden prolongarse estos procedimientos en los juzgados. El 93,4% de los asuntos derivados por los juzgados a este servicio son delitos leves, sobre todo de lesiones, amenazas y hurtos.
Junto a la mediación penal, el 21 de diciembre de 2024 se firmó un convenio con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para extender esta fórmula a los conflictos laborales judicializados. Los colegios provinciales crearán bolsas de profesionales voluntarios a los que los Juzgados de lo Social, especialmente sobrecargados, pueden derivar asuntos como despidos, reclamaciones de cantidad o conflictos sobre vacaciones en los que vean posibilidades de acuerdo. Se trata de una segunda oportunidad para aquellos conflictos laborales que han llegado a los juzgados y que la Junta de Andalucía pone en marcha a coste cero, gracias a la colaboración de los Graduados Sociales, especializados en este ámbito del Derecho.
El siguiente paso es la puesta en marcha de un servicio de mediación civil y mercantil, que ahora la reciente Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia prevé que sea obligatoria antes de iniciar un procedimiento judicial. Para ello, la Consejería de Justicia lleva tiempo trabajando con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, dada la experiencia de éstas en el arbitraje. Así, ambas entidades están difundiendo la cultura del diálogo en el ámbito empresarial mediante jornadas bajo el nombre de Foro Impulmed. Durante 2024 se celebraron en Sevilla, Almería, Córdoba y Jerez de la Frontera (Cádiz) y continuarán este año, siendo la primera cita en Andújar (Jaén).
Esta labor del Gobierno andaluz ha sido reconocida por la Asociación Española de Mediación, que otorgó el año pasado el premio al Mejor Programa de Justicia Restaurativa al SEMPA; así como por la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos, que concedió la Medalla Profesional al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.
Este año, además de impulsar la mediación civil y mercantil, se creará un Registro andaluz de mediadores y empresas de mediación al que los ciudadanos pueden acceder cuando necesiten los servicios de profesionales especializados en la materia. También se creará un Consejo Asesor de Mediación en Andalucía como órgano de asesoramiento y consulta con el fin de seguir implementando medidas innovadoras para difundir una fórmula en la que la Junta de Andalucía cree firmemente.
La mediación ahorra tiempo y costes al ofrecer una solución más ágil y satisfactoria para las partes, ya que se basa en el diálogo y el acuerdo frente a la decisión impuesta por un tercero, el juez. Su extensión aliviará la sobrecarga de los juzgados, reservando estos para delitos complejos que requieren una interpretación profesional de la ley.
Por ello, Andalucía ha sido pionera en impulsar esta vía que hasta ahora sólo se había utilizado con los menores infractores, ya que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor sí la contempla. De hecho, el sistema de Justicia Juvenil andaluz cuenta con servicios de mediación en las ocho provincias que en 2023 realizaron 2.276 actuaciones.
Fuente: https://www.juntadeandalucia.es/