El consejero Nieto presenta las cuentas en el Parlamento y destaca el impulso a la mediación con el doble de fondos que en 2025
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado en comisión parlamentaria las cuentas de su departamento para 2026, que alcanzan los 933.421.472 euros, un 1,6% más que el ejercicio anterior. Nieto ha subrayado el impulso que estos presupuestos van a suponer para la Justicia andaluza, ya que suponen un 40,33% más de fondos con respecto a 2018. Un incremento que se traduce en un 80% más de inversión con fondos propios en infraestructuras judiciales que en 2025; y una apuesta por la humanización de la Justicia con el impulso a servicios como el de mediación que dobla la cuantía de 2025 y que supone un 1.450% más de lo que se invertía en este capítulo hace siete años. Todo ello, sin olvidar la apuesta por el municipalismo y la modernización de la Administración Pública.
Nieto ha subrayado que se trata de unos «presupuestos realistas, responsables y profundamente comprometidos con el progreso de Andalucía», que culminan la legislatura consolidando un modelo de gestión basado en la «modernización, la eficiencia y la cercanía a la ciudadanía». «Son unos presupuestos al servicio de las personas, equilibrados, coherentes y orientados a mejorar la eficiencia, la calidad del servicio público y la dignificación del empleo», en línea con las cuentas generales de la Junta, «que este año superan la cifra histórica de los 51.500 millones de euros».
Uno de los ejes principales de las cuentas de la Consejería para 2026 es el impulso al Plan de Infraestructuras Judiciales, con actuaciones en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces, para lo que se aumenta la partida de inversiones hasta los 53 millones, de ellos más de 38 millones son fondos propios, lo que implica un 80% más que el ejercicio anterior. Todo ello, gracias al plan de refuerzo de inversiones puesto en marcha por el Gobierno andaluz, por el que la Consejería recibe 15 millones de euros que destinará a tres proyectos: la mejora de las zonas comunes de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, la nueva sede de Vélez Rubio (Almería) y el proyecto de El Puerto de Santa María (Cádiz).
Además, la Consejería tiene previsto iniciar en 2026 las obras de la nueva sede judicial de Huércal-Overa (Almería), la Ciudad de la Justicia de Algeciras, la rehabilitación del complejo de Tabacalera como parte de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, terminar la nueva sede judicial de Órgiva (Granada), comenzar los trabajos de rehabilitación de la sede judicial de Villacarrillo (Jaén); o continuar con la adaptación del complejo de Palmas Altas como Ciudad de la Justicia de Sevilla, como proyectos más destacados.
Asimismo, gracias a la aplicación de fondos europeos PIREP, se terminarán las obras de mejora en el Palacio de Justicia de Huelva, en las sedes de Montilla (Córdoba) y Fuengirola (Málaga) o el edificio judicial La Caleta, en Granada. Estos trabajos están permitiendo cambiar la climatización de estos edificios, ventanas o cubiertas exteriores. Obras a las que se sumarán actuaciones para lograr inmuebles más eficientes energéticamente en diferentes partidos judiciales, entre las que destacan la instalación de placas fotovoltaicas, por valor de más de nueve millones de euros.
«Se trata de mejorar las infraestructuras judiciales, implantar un sistema sólido de gestión digital y crear el mejor ambiente de trabajo para los funcionarios», ha subrayado.
Junto a los fondos propios y los europeos, el Plan de Infraestructuras Judiciales se basa en dos fórmulas más de financiación: la colaboración público-pública y público-privada. Ninguna de ellas cuenta con una partida concreta, pues la Consejería abonará en los dos casos los cánones correspondientes a cada una de las nuevas sedes construidas con estas fórmulas, pero cuando estas ya funcionen como tal.
Así, ha recordado que mediante la financiación por colaboración público-privada se van a ejecutar las ciudades de la Justicia de Cádiz (el nuevo edificio), Jaén y Huelva. Mientras que, por la vía de la colaboración público-pública, la Consejería ya ha impulsado casi una veintena de protocolos con ayuntamientos y diputaciones. Nieto ha destacado los convenios firmados con Roquetas de Mar (Almería) para el nuevo Complejo Judicial, «del que pronto pondremos la primera piedra», y con Torrox (Málaga), cuyas obras arrancarán en 2026.
Por una Justicia más humana
«Pero no todo es ladrillo», sino que una parte muy importante de la Estrategia Justicia Andalucía, que en breve será aprobada, es el Plan de Humanización de la Justicia, que tiene un reflejo claro en las cuentas de la Consejería para lograr «una Justicia más empática y orientada a las personas».
Así, y siguiendo la línea marcada por los presupuestos «más sociales», este año se eleva la cuantía destinada al Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), un recurso gratuito al que las víctimas de cualquier delito pueden acudir para recibir acompañamiento durante todo el proceso judicial, con 2,9 millones de euros; lo mismo ocurre con los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), donde se ejecutan las visitas y entregas de menores entre progenitores en casos de conflictos familiares graves, con tres millones; a los que se suman los 240.000 euros para el proyecto de los facilitadores, una figura pensada para acompañar en el proceso judicial a las personas con discapacidad. En total, más de 6,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 178% con respecto a lo que se destinaba en este capítulo en 2018.
Asimismo, la mediación, como vía alternativa de resolución de conflictos, es otra de las grandes apuestas de las cuentas de la Consejería con más de 3,1 millones de euros, el doble que el año pasado y un 1.450% más de lo que se destinaba en 2018. De esta forma, no solo se consolida el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), sino que se consignan los fondos para el nuevo Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA).
En este contexto, la Consejería refuerza la Justicia Juvenil, con un presupuesto de 82,7 millones de euros, y las cuantías destinadas a Justicia Gratuita, que desde el año pasado incluye como medida pionera la mediación, y cuyo crecimiento es ya de más de un 23% desde 2018, con casi 54 millones de euros. «Queremos que Andalucía sea una referencia en materia de Justicia en España y ya lo estamos consiguiendo en Justicia Juvenil y en mediación», ha defendido.
Por último, Nieto también ha hecho alusión al incremento del presupuesto para personal, que ya supera los 420 millones de euros, lo que supone 16 millones más que el año pasado. Este aumento responde, en gran medida, a la dotación de casi un centenar de nuevas plazas de funcionarios creadas para adaptar las plantillas al nuevo modelo de tribunal de instancia de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por el Gobierno en enero de 2025 sin memoria económica, por lo que «tenemos que destinar una parte importante de recursos a financiarla».
«Esta ley se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para todas las comunidades que tenemos competencias en Justicia al tener que asumir plazos imposibles y dar la cara delante de los operadores jurídicos que nos piden responsabilidades a nosotros cuando somos una víctima más de una ley precipitada, no dialogada y en absoluto financiada», ha lamentado.
Por otro lado, el área de Administración Local contará con un presupuesto de 77,7 millones «prácticamente en su totalidad de fondos propios, reafirmando el compromiso del Gobierno andaluz con los ayuntamientos y diputaciones». El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) mantiene una dotación de 65,7 millones, la misma cuantía que el año pasado, ya que «un año más no se pueda incrementar porque el Gobierno de España no ha aumentado su aportación y la del resto de administraciones está condicionada a ésta», ha lamentado.
El presupuesto mantiene una línea clara de apoyo a los municipios pequeños, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. Para ello dedica 5,2 millones de euros a subvenciones para pequeños municipios y suma dos millones del Fondo de Cohesión Territorial, así como 170.000 euros para mantener el portal web VivemásAndalucía.es, puesto en marcha con la Estrategia frente al Desafío Demográfico.
Una administración innovadora
Por último, en materia de Función Pública, el objetivo es «mantener la calidad del servicio al ciudadano con una Administración innovadora al mismo tiempo que mejoramos las condiciones de trabajo de los empleados públicos», terminando los procesos de estabilización y ofertas de empleo que «nos encontramos bloqueados». Así, el presupuesto incluye medidas para consolidar la estabilidad y el reconocimiento del personal público, que permitirán aplicar el incremento retributivo máximo autorizado por el Estado, consolidando también las subidas anteriores; y llevar la tasa de reposición a su nivel más alto permitido por la normativa básica.
También se mantienen los cuatro millones de euros para sustituciones de personal con dispensa sindical o los 700.000 euros en ayudas sociales para personal con discapacidad o víctimas de violencia de género. Y en 2026 se aprobará el Decreto para regular el teletrabajo, que permitirá ampliar este del 20 al 40% de la jornada, y se impulsará el desarrollo de la carrera profesional con el Decreto de evaluación del desempeño «que premiará a los buenos funcionarios».
En cuanto al presupuesto del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), este se ha incrementado en casi un millón de euros con respecto al año pasado, superando así los 16,7 millones de euros. Esto supone una apuesta por la formación de los empleados públicos y la implantación de nuevos modelos de procesos selectivos con la búsqueda de nuevos perfiles o la inclusión de una fase de prácticas para acceder a una plaza de funcionario.
Fuente: https://www.juntadeandalucia.es/