El opositor venezolano ha pedido asilo en España tras reivindicar con fuerza la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio
Nicolás Maduro aseguró que «respeta» la decisión de irse de Venezuela que tomó el candidato opositor en las pasadas elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia. Lo hizo durante su programa semanal, en el que dijo haber «chocado duramente» con el ex embajador, pero haber seguido de cerca las gestiones que le permitieron trasladarse a España, donde pidió asilo político.
González Urrutia, que se reivindicó enérgicamente en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que ganó oficialmente Maduro, llegó el domingo a Madrid con su esposa: sobre él pesa una orden de detención en su país de origen, por cargos que incluyen «conspiración». Continuará su compromiso «desde el exterior», aseguró la líder opositora María Corina Machado, al tiempo que reiteró su intención de «permanecer en Venezuela». En un mensaje en sus canales sociales, Machado -que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales por estar inhabilitada para ejercer cargos públicos durante los próximos quince años- convocó en Madrid un presidium de «venezolanos que hoy viven en España» para «seguir avanzando, hasta que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo» de Venezuela. La movilización coincide con el examen parlamentario de la iniciativa presentada por el Partido Popular español, que presiona a los socialistas para que se reconozca la victoria de González Urrutia en las consultas del 28 de julio. La moción también pide el fin de la represión de las protestas en Venezuela y la liberación de los presos políticos.
Desde La Haya, mientras tanto, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) aseguró que «no retrasará» sus esfuerzos «para llegar a la rendición de cuentas» en Venezuela: Caracas, de hecho, está siendo investigada desde noviembre de 2021 por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. La oficina del fiscal jefe del organismo, Karim Khan, también pidió a las autoridades del país latinoamericano que «respeten el Estado de derecho».
Fuente: https://www.vaticannews.va/