La iniciativa reclama realizar una auditoría de nacionalidades, la repatriación de quienes permanezcan ilegalmente en España y el fin de las políticas de efecto llamada
El Grupo Provincial VOX en la Diputación de Málaga ha registrado una moción para que la institución provincial manifieste su rechazo a la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular anunciada el pasado 26 de enero de 2026 en el marco de un acuerdo entre el Gobierno de España y sus socios parlamentarios. Según lo comunicado entonces, la medida se impulsaría mediante Real Decreto, evitando el debate y la votación en el Congreso de los Diputados, y exigiría a los solicitantes acreditar una permanencia continuada mínima de cinco meses y haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025.
El Grupo Provincial VOX sostiene que este procedimiento «no es un hecho aislado», sino que se enmarca en una dinámica de regularizaciones masivas promovidas durante décadas por el bipartidismo y que, a juicio del grupo provincial, no han resuelto el problema de la inmigración ilegal ni han evitado su reiteración. En la exposición de motivos, VOX advierte de que estas regularizaciones generan un «efecto llamada», debilitan el principio de legalidad y trasladan el mensaje de que «el incumplimiento de la ley acaba siendo premiado», además de desautorizar a quienes cumplen los procedimientos legales.
La moción subraya asimismo el impacto que, según VOX, la inmigración masiva tiene sobre los servicios públicos esenciales, sanidad, educación, seguridad o transporte, así como sobre la demanda de vivienda y las ayudas al alquiler, incrementando el gasto de las administraciones públicas. El texto también alerta de «tensiones sociales evitables», del deterioro de la convivencia vecinal y de las dificultades añadidas para la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, VOX también apunta a la situación del mercado laboral y a las tasas de desempleo, defendiendo que «no tiene sentido insistir en importar inmigración de forma masiva» mientras existen cifras elevadas de paro, y denuncia la ausencia de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas y prestaciones públicas. Con todo ello, la moción concluye que España debe adoptar una política migratoria «clara y firme», sin regularizaciones que incentiven nuevas llegadas y avanzando en la repatriación de quienes residan ilegalmente en el país.
La iniciativa registrada por VOX en la Diputación de Málaga plantea, en primer lugar, rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular impulsada por el Consejo de Ministros. Asimismo, insta al Gobierno de España a auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad realizadas en los últimos años y a proceder a la repatriación de todas aquellas personas que hayan accedido ilegalmente a nuestro país, incluyendo la repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres a sus países de origen. En el mismo sentido, reclama la deportación de cualquier inmigrante, con independencia de su situación administrativa, que cometa delitos graves.
VOX también propone que la Diputación de Málaga manifieste que, ante la emergencia habitacional, la inseguridad y la presión creciente sobre el empleo y los servicios públicos esenciales, es necesario poner fin a cualquier política migratoria que promueva más inmigración en el actual contexto de «saturación inmigratoria», así como rechazar cualquier regularización que se produzca con ese objetivo. La moción, además, insta al Ejecutivo a implementar una política migratoria firme y ordenada, acorde a las necesidades reales del mercado laboral, garantizando en todo momento la prioridad nacional, la sostenibilidad del Estado del Bienestar y la voluntad de adaptación a la cultura y costumbres.
El texto defiende suprimir ayudas y beneficios sociales a quienes hayan entrado de forma ilegal, salvo las ayudas humanitarias imprescindibles hasta su devolución; eliminar subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONG que promuevan o faciliten la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como endurecer las penas contra las mafias y sus colaboradores; y acabar con las políticas de efecto llamada que empujan a miles de personas a jugarse la vida. Finalmente, VOX pide modificar la legislación para suprimir el arraigo como herramienta que permite la residencia legal a quienes han accedido ilegalmente y plantea suspender la cooperación al desarrollo con los países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios hasta que se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales en esta materia.
Fuente: https://www.voxespana.es/