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Derecho

La justicia obliga a la Comunidad de Madrid a tramitar la revisión de oficio de la sanción al profesor que defendió que solo existen dos sexos

RedacciónLectura 3 min

Ilustración conceptual de una balanza de justicia, un libro y hojas sin texto
Ilustración editorial generada con IA. No representa personas, documentos ni una escena real del caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma que Educación debe admitir y resolver la solicitud de revisión de oficio de las sanciones a un docente de Biología. La Sala rechaza que un proceso anterior, limitado al plazo de un recurso, permita cerrar esa vía sin examinarla.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso de la Comunidad de Madrid contra la sentencia que ordenó tramitar la revisión de oficio de las sanciones impuestas a un profesor de Biología. El docente había defendido públicamente que su actuación consistió en explicar que solo existen dos sexos, una versión del origen del expediente que la dirección del centro negó en declaraciones recogidas por OKdiario en 2021.

La sentencia número 731/2026, de 30 de octubre, confirma la resolución dictada el 29 de octubre de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid. Aquella resolución anuló la inadmisión de la solicitud y ordenó retrotraer el procedimiento para que, tras admitirla a trámite, la Administración lo continúe hasta resolver, previo dictamen del órgano consultivo correspondiente.

Dos sanciones y una petición de nulidad

El procedimiento tiene su origen en una resolución de 7 de febrero de 2022 que impuso al docente dos sanciones de suspensión de funciones: cuatro meses por una falta grave relativa a informes o acuerdos manifiestamente ilegales y dos meses por grave falta de consideración con los administrados.

El profesor recurrió en alzada, pero su recurso fue inadmitido por presentarse fuera de plazo. Una sentencia de junio de 2023 confirmó esa inadmisión. Posteriormente solicitó la revisión de oficio, alegando causas de nulidad y la vulneración de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de cátedra, la libertad de expresión y la tutela judicial efectiva.

La Consejería inadmitió esa solicitud en agosto de 2024. Para justificarlo invocó que el interesado ya había acudido a la vía administrativa y a los tribunales.

La diferencia entre resolver un plazo y resolver el fondo

La Sala considera decisivo que la sentencia de 2023 no examinó si las sanciones eran conformes a Derecho: únicamente se pronunció sobre la presentación fuera de plazo del recurso de alzada.

Apoyándose en doctrina del Tribunal Supremo, el TSJM distingue entre una sentencia firme que ya ha resuelto el fondo de una controversia y otra que se ha limitado a una cuestión de admisibilidad. En este caso, concluye que la Administración cerró la revisión por motivos distintos de los admitidos por la ley y la jurisprudencia.

El resultado es la obligación de tramitar y resolver la revisión solicitada. La nulidad de las sanciones y las vulneraciones de derechos alegadas por el profesor deberán examinarse en ese procedimiento; esta sentencia no las declara.

La Sala impone las costas de la apelación a la Comunidad de Madrid, con un límite de 1.000 euros más IVA. La resolución admite recurso de casación en los términos que recoge su propio texto.

Sentencia 731/2026, de 30 de octubre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recurso de apelación 1702/2024. Copia facilitada a la redacción. El documento original no se adjunta por contener datos personales.

OKdiario, 30 de junio de 2021: declaraciones del profesor y respuesta de la dirección del centro.

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