Antonio Alcázar, portavoz del Grupo Municipal VOX Málaga, advierte de que la medida “premia el incumplimiento de la ley, agrava la presión sobre los servicios públicos y genera un efecto llamada permanente”
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Málaga ha registrado una moción urgente en la que rechaza la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular anunciada por el Gobierno de España.
La iniciativa plantea una batería de once acuerdos que incluyen el rechazo expreso a la medida, la auditoría de concesiones de nacionalidad, la repatriación de inmigrantes en situación ilegal y la supresión de ayudas y subvenciones vinculadas a la promoción de la inmigración irregular.
Rechazo frontal a la regularización extraordinaria
La moción alude al acuerdo anunciado el 26 de enero de 2026 por el Ejecutivo central para impulsar una regularización extraordinaria mediante Real Decreto, evitando, según VOX, el debate parlamentario.
El texto sostiene que este proceso podría afectar a más de 3,5 millones de inmigrantes en situación irregular o de ilegalidad, y enmarca la medida en una dinámica de regularizaciones anteriores que, a juicio del grupo municipal, “no han resuelto el problema de la inmigración ilegal ni han evitado su reiteración”.
Antonio Alcázar, portavoz del Grupo Municipal VOX Málaga, afirma que “regularizar de forma masiva a quienes han entrado o permanecido ilegalmente en España supone trasladar el mensaje de que incumplir la ley acaba siendo premiado, debilitando el principio de legalidad y desautorizando a quienes sí cumplen los procedimientos establecidos”.
Impacto en servicios públicos y mercado laboral
La iniciativa argumenta que la inmigración masiva genera una sobrecarga en servicios públicos esenciales como sanidad, educación, seguridad y transporte, además de incrementar la presión sobre la vivienda y las ayudas sociales.
“Mientras miles de malagueños tienen dificultades para acceder a una vivienda o a un empleo estable, el Gobierno decide avanzar en una regularización que, lejos de resolver problemas, incrementa la presión sobre unos servicios ya saturados”, señala Alcázar.
El portavoz añade que “España cuenta con cifras muy elevadas de desempleo, incluyendo un importante porcentaje de desempleados extranjeros, por lo que insistir en importar mano de obra masivamente carece de sentido económico y social”.
Auditoría de nacionalidades y prioridad nacional
Entre los acuerdos propuestos, el grupo municipal insta al Gobierno a auditar las concesiones de nacionalidad de los últimos años y a proceder a la repatriación de quienes accedan ilegalmente al país, incluyendo menores extranjeros no acompañados con sus padres en sus países de origen.
Asimismo, la moción plantea la deportación de inmigrantes, legales o ilegales, que cometan delitos graves, la supresión de ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular, salvo asistencia humanitaria básica hasta su devolución, y la eliminación de subvenciones a asociaciones que promuevan o faciliten la inmigración ilegal.
Alcázar subraya que “la política migratoria debe ser firme, ordenada y acorde a las necesidades reales del mercado laboral, garantizando en todo momento la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado del Bienestar”.
Fin del “efecto llamada” y reformas legales
Además, desde el grupo municipal también se apuesta por eliminar las políticas que generan un “efecto llamada”, endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y suprimir la figura del arraigo como mecanismo para regularizar situaciones derivadas de entradas ilegales.
Además, propone suspender la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios hasta que cumplan los acuerdos bilaterales suscritos.
“El respeto a la legalidad y la protección de los españoles deben ser la prioridad. No se defienden las pensiones ni el bienestar social con inmigración masiva, sino con políticas serias al servicio de nuestra nación”, concluye Antonio Alcázar.
Fuente: https://www.voxespana.es/