La ministra de Vivienda y Agenda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha detallado en el Senado que de las 184.000 viviendas comprometidas por el Gobierno se han firmado convenios ya con comunidades autónomas y Ayuntamientos para construir más de 22.000 viviendas de alquiler asequible en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuando la previsión global era de 20.000 hasta 2026.
«Seguimos cumpliendo hitos», ha explicado Isabel Rodríguez en su comparecencia, donde también ha adelantado que hoy su departamento firmará convenios con 10 comunidades autónomas para la construcción de 3.233 viviendas de alquiler social, «de manera que superamos ampliamente lo comprometido en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (programa 6). «Una cifra total de en torno a las 25.000 viviendas en diferentes fases: conveniadas, en construcción o ya entregadas, con una inversión cercana a los mil millones de euros», ha explicado.
Fondos europeos para las comunidades autónomas
En el marco del Plan de Recuperación, según ha recordado Isabel Rodríguez, se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas casi 3.500 millones de euros, a los que hay que sumar los 430 millones cuyo reparto se acordó en la Conferencia Sectorial del pasado mes de enero y «ratificaremos en el Consejo de Ministros de mañana». En total, «cerca de 4.000 millones del PRTR para rehabilitación y vivienda asequible, complementados con el Plan de Rehabilitación de Edificios conveniado con los Ayuntamientos, donde hemos dispuesto otros 600 millones».
Prioridad para el Gobierno
«Mejorar el acceso a la vivienda es una prioridad de este Gobierno. Ya lo fue en la pasada legislatura y vuelve a serlo en la actual; de ahí que el presidente Sánchez haya recuperado un Ministerio específico que solo ha existido en este país con gobiernos socialistas», ha expuesto la ministra, para añadir que «estamos dedicando los mayores recursos de nuestra historia a mejorar el acceso de la vivienda».
En este sentido, Isabel Rodríguez se ha mostrado convencida de que «la política de vivienda es una prioridad para todas las administraciones» y, desde ese convencimiento, ha apelado «a la suma de esfuerzos para alcanzar un objetivo común: que nadie en este país tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos a la vivienda, independientemente de cuál sea su condición social o del lugar en el que viva».
Beneficios fiscales para los propietarios
Tras recordar la entrada en vigor del Índice de Precios de Referencia para todo el territorio nacional y la declaración de zona tensionada en 140 municipios de Cataluña, la ministra también ha apelado a la «responsabilidad de todas las administraciones: a los ayuntamientos para que soliciten a su Comunidad Autónoma la declaración de zonas tensionadas; y a las Comunidades para que activen esa declaración».
Esa es la fórmula, ha proseguido, «para que el Índice aplique y, por tanto, de que los ciudadanos se beneficien de un instrumento que puede aliviar el esfuerzo para pagar el alquiler en lugares donde los precios están sobredimensionados por diferentes motivos». «En aquellas comunidades que no quieran declarar las zonas de mercado residencial tensionada, los arrendatarios pueden disponer de este índice para ver cuál sería el precio máximo que tendrían que pagar en su alquiler».
«La aplicación no solo va a beneficiar a los arrendadores, también contempla beneficios fiscales para los propietarios, que podrán acogerse a una serie de deducciones en la declaración del IRPF de hasta el 90% si rebaja un 5% el precio del alquiler con respecto al contrato anterior. Eso quiere decir que si el propietario baja el precio del alquiler en una zona tensionada puede obtener más rendimientos netos que si no lo hace», ha explicado.
Mayor implicación de las comunidades autónomas
La ministra también ha recordado que «atender el mandato constitucional sobre la vivienda es una obligación de todos los poderes públicos», al tiempo que ha recordado que la configuración territorial de nuestro país otorga la mayor parte competencias en esta materia a las administraciones autonómicas, sin que eso signifique que «el Gobierno vaya a inhibirse o a eludir su responsabilidad, sino todo lo contrario». De hecho, «estamos desplegando todos los recursos e instrumentos a nuestro alcance, acompañando y dando soporte al resto de las administraciones para avanzar en un objetivo compartido». «Debemos ser capaces de alcanzar espacios de acuerdo porque es la única manera de atender las demandas de la ciudadanía. Siempre reivindico el ejercicio de la política como herramienta para mejorar la vida de la gente», ha expuesto.
Colaboración público-privada
Durante su comparecencia en el Senado, la ministra ha insistido en su propuesta de crear una ‘Alianza de país’, «que considera posible y necesaria para dar respuesta al problema del acceso a la vivienda». «Queremos reforzar la oferta de vivienda asequible, a través de fórmulas de colaboración público-privada que permita la movilización de viviendas vacías para destinarlas a alquiler asequible. El Gobierno va a trabajar en esta dirección para contribuir al cumplimiento de la función social de la vivienda. Y en esa colaboración también otorgamos un particular protagonismo al tercer sector», ha destacado.
Avales y préstamos
«Próximamente quedarán definitivamente aprobados por el Consejo de Ministros, y listos para firmar con el ICO dos líneas que suponen un esfuerzo total de 8.500 millones de euros». Una línea de avales de hasta el 25% dirigida a jóvenes y familias con menores a su cargo para la cobertura parcial por parte de los préstamos hipotecarios, por un importe de hasta 2.500 millones de euros. Y otra línea de préstamos para la promoción de vivienda asequible, especialmente en fórmulas de colaboración público-privadas, herramienta imprescindible para movilizar financiación a precio más reducido que el del mercado por la que ya se han interesado 34 promotores.
En total, 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda social, en el marco de la adenda al Plan de Recuperación. Esos 4.000 millones van avalados al 50%, lo que supone otros 2.000 millones.
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/