El 19 de marzo, el Gobierno aprobó un nuevo proyecto de ley que refuerza y acelera el régimen de expulsión forzosa de inmigrantes indocumentados. La iniciativa, presentada al término de la reunión del Consejo de Ministros por el Ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, pasa ahora a la Asamblea de la República.Según el ministro, se trata de una reforma «muy importante» y «muy necesaria», ampliamente debatida en la sociedad y sometida a consulta pública, que generó más de cien aportaciones.El proyecto de ley introduce varios cambios significativos en el sistema actual:
- Eliminación del requisito de notificación para la retirada voluntaria, con el fin de aumentar la eficiencia y agilizar el proceso de devolución;
- Priorizar y fomentar el retorno voluntario, incluyendo la posibilidad de incentivos financieros;
- Ampliación de los períodos de detención, de los 60 días actuales a un máximo de 360 días en el marco de una orden de expulsión forzosa, con un período adicional de 180 días para garantizar la ejecución efectiva del retorno;
- Impedir el uso de las solicitudes de asilo como táctica dilatoria, permitiendo así el avance simultáneo de los procedimientos de asilo y deportación;
- Fortalecer el papel de las autoridades, centralizando el proceso de retorno en la Unidad Nacional de Inmigración y Fronteras de la PSP (Policía de Seguridad Pública);
- Introducción de medidas coercitivas alternativas a la detención, como la entrega de los documentos de viaje o la concesión de la libertad bajo fianza, reservando la detención como último recurso, pero dentro de un marco más amplio;
- Revisión de los criterios que impiden la deportación, que exigen un vínculo efectivo con el país;
- Prórroga de los periodos de prohibición de entrada en territorio nacional tras la expulsión forzosa.
António Leitão Amaro subrayó que una política migratoria «regulada y humana» implica distinguir entre quienes ingresan legalmente y quienes optan por la irregularidad o son capturados por redes de inmigración ilegal. Para estas situaciones, afirmó, es necesario garantizar «una expulsión mucho más rápida».El ministro recordó el episodio del verano pasado, cuando 38 ciudadanos marroquíes fueron detenidos tras aterrizar ilegalmente en Portugal, lo que, según él, «demostraba la necesidad de esta ley». Para retrasar su expulsión, presentaron solicitudes de asilo, que fueron resueltas en siete días por la AIMA, y apelaron las decisiones, lo que prolongó el proceso y finalmente les permitió ser liberados al alcanzar el límite legal de detención.Según António Leitão Amaro, la legislación anterior, incluso en casos con problemas de seguridad, no permitía mantener detenciones ni llevar a cabo expulsiones. «Portugal era uno de los países europeos con las tasas de expulsión más bajas, menos del 5 % de los inmigrantes irregulares», destacó. «Es inútil tener controles e inspecciones fronterizas si, cuando se detectan situaciones irregulares, no hay consecuencias».El Ministro concluyó afirmando que reforzar las expulsiones forzosas es esencial «para valorar a quienes llegan legalmente, integrar a quienes cumplen las normas, restablecer la credibilidad del sistema de inmigración y acabar con las redes ilegales que explotan a las personas».
Fuente: https://www.portugal.gov.pt/