El Gobierno ha lanzado una estrategia para prevenir y castigar los delitos de corrupción con la que se impulsará la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública y se reforzarán los controles sobre partidos políticos y empresas.
El pasado 9 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su comparecencia en el Congreso de los Diputados la puesta en marcha de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con medidas enfocadas en la prevención y el castigo de este tipo de delitos, que constituyen una de las mayores lacras a las que se enfrentan las sociedades democráticas.
Elaborado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este plan da cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Ley de Protección del Informante y despliega actuaciones en materia de transparencia y buen gobierno de las Administraciones para combatir la corrupción.
¿Quiénes han participado en su elaboración?
El plan se ha elaborado de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), de la OCDE y de la Comisión Europea.
Además, incorpora aportes de la sociedad civil, a través del trabajo conjunto con el Foro de Gobierno Abierto, y de expertos de la División de Anticorrupción e Integridad en el Gobierno de la OCDE.
¿Cuáles son sus ejes de trabajo?
El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción se estructura en torno a cinco ejes:
- Prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción para reducir su incidencia.
- Garantizar la protección efectiva de las personas que informan sobre irregularidades y/o casos de corrupción.
- Investigar, juzgar y sancionar la corrupción.
- Recuperación de activos procedentes de actividades corruptas como elemento esencial para reparar el perjuicio causado al interés público.
- Promover una cultura anticorrupción y de integridad entre la ciudadanía, las empresas y las administraciones.
Principales medidas
El plan incluye un total de 15 medidas, entre las que destacan las siguientes:
- Creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública como órgano central de prevención, supervisión y planificación en el ámbito de la corrupción.
- Transformación de la Plataforma de Contratación del Sector Público con nuevas herramientas de Big Data e Inteligencia Artificial para prevenir la corrupción.
- Mayor control sobre la financiación y la actividad de los partidos políticos: auditorías obligatorias si la financiación pública supera los 50.000 euros y reducción del umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros.
- Ampliación de la protección de los denunciantes e impulso de mejores canales de alerta para denunciar, con un régimen sancionador para quien incumpla.
- Refuerzo de las capacidades de la Fiscalía y el Poder Judicial para investigar, juzgar y castigar la corrupción mediante secciones especializadas en cada tribunal de instancia y más plazas y medios en la Fiscalía Anticorrupción.
- Frente a las empresas corruptoras: establecimiento de mecanismos de control y sanción; creación de «listas negras»; exigencia de sistemas de control de cumplimiento en materia anticorrupción; y modificación del Código Penal, con más penas y nuevos delitos contra la Administración.
- Refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y creación de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa y no solo ligada al ámbito penal.
- Lanzamiento de cursos de formación para el personal del sector público, campañas de concienciación y encuestas sobre percepción de la corrupción.
Seguimiento y evaluación
El desarrollo de todas las medidas se seguirá desde el nuevo organismo que centralizará los esfuerzos en la prevención y la lucha contra la corrupción: la Agencia Independiente de Integridad Pública, que ejercerá funciones de coordinación, impulso y supervisión del plan.
Para garantizar la rendición de cuentas y una evaluación constante, se establecerán indicadores verificables para cada medida, así como informes públicos anuales sobre el grado de cumplimiento y los impactos generados. Además, el conjunto del plan contará con un mecanismo de revisión y evaluación externa diseñado por la OCDE.
En este sistema, se dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses de la activación del plan. A partir del segundo año, se realizarán evaluaciones periódicas para monitorizar el impacto de las medidas.
Adicionalmente, el Foro de Gobierno Abierto servirá en este proceso como espacio permanente de diálogo con la sociedad civil, expertos, medios de comunicación y otros actores relevantes.
Otras iniciativas frente a la corrupción
El nuevo plan da continuidad al trabajo desarrollado en este ámbito durante los últimos años, en los que el Ejecutivo ha aprobado más de 30 medidas para dotar de mayor transparencia a las instituciones públicas y combatir la corrupción.
Ejemplos de estas iniciativas son la aprobación de una ley para proteger a las personas que denuncian casos de corrupción y la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Informante; el impulso de un Plan de Acción por la Democracia, con medidas dirigidas a fortalecer el Estado de Derecho y luchar contra la corrupción; y la creación de dos nuevas fiscalías de sala especializadas además de la Fiscalía Anticorrupción.
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/