El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el apoyo total de otros 14 Estados miembros que se han sumado a la iniciativa liderada por España, Francia y Portugal, demanda a la CE reforzar la PAC y dotar de mayor coherencia esta política.
España, junto con Francia y Portugal, y con el apoyo de otros 14 Estados miembros, ha defendido una mayor ambición en el diseño de la próxima Política Agraria Común (PAC), para reforzar su autonomía, coherencia y visibilidad dentro del entramado legislativo comunitario.
Durante su intervención en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado -en representación de un total de 17 Estados miembros- que «la PAC debe seguir siendo la piedra angular de la seguridad alimentaria, del mantenimiento de un medio rural vivo y de la cohesión territorial de la Unión», especialmente en un contexto de «gran incertidumbre geopolítica, climática y económica».
El ministro ha añadido que la PAC necesita ser «una política autónoma y sólida, con dotación suficiente, capaz de responder a prioridades como seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y climática, rentabilidad de las explotaciones y relevo generacional».
De forma concreta, España ha apoyado ir más allá de la propuesta inicial de la Presidencia chipriota, que considera positiva pero insuficiente, para trasladar al reglamento específico de la PAC y al reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM) todas las disposiciones esenciales sobre política agraria, que actualmente se incluyen en el Reglamento de Planes Nacionales y Regionales, y que se debatan y decidan en el seno de los órganos sectoriales específicos, como el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca.
Planas ha puesto como ejemplo que no tiene sentido que sea el Consejo de Asuntos Generales quien decida cuestiones como la definición de agricultor activo, es decir, quien tiene derecho o no a percibir las ayudas de la PAC, en lugar de en los órganos de ámbito agrario. «No es una cuestión de ministros, sino por respeto a nuestros agricultores, ganaderos y al medio rural», ha matizado. Ha recordado que para el actual marco el único concepto en el que intervino el Consejo fue en el capping (tope máximo de las ayudas directas), figura que solo España ha aplicado.
Ha dicho, con respecto a la propuesta de reglamento de la Presidencia chipriota, que «el trasvase debe ir más allá de los artículos identificados e incorporar de manera coherente todos los elementos esenciales que articulan la PAC». Ello, ha precisado el ministro, reforzaría la coherencia, la visibilidad y la seguridad jurídica del conjunto del marco, sin poner en cuestión la estructura financiera general.
Este paso de artículos permite que los textos sean más claros para los agricultores y administraciones, evita duplicaciones y referencias cruzadas. Además, «garantiza», según el ministro, que «los debates sobre todos los aspectos de la PAC se mantengan en los foros y grupos de trabajo sectoriales», que «han demostrado su eficiencia y profesionalidad a lo largo de la historia de la PAC».
Prácticas comerciales desleales
España ha agradecido a la Comisión Europea el informe sobre prácticas comerciales desleales y considera que abre la puerta a «una reforma ambiciosa que refuerce la coherencia y eficacia del marco europeo, sin menoscabar las normativas nacionales más avanzadas».
Ha comentado que en «España la legislación ha fortalecido la protección de los eslabones más débiles e incorporado los costes de producción como elemento esencial en la negociación de precios». De cara a futuras modificaciones, ha defendido ampliar la protección a todos los operadores y relaciones comerciales, reforzar la obligatoriedad de contratos por escrito, publicar sanciones con carácter disuasorio e incorporar nuevas prácticas desleales, con especial atención a los riesgos derivados de la creciente concentración del poder de compra.
Mecanismo europeo de reaseguro
Frente a las intensas borrascas que han afectado a varios Estados miembros, ha recordado que los seguros agrarios son esenciales para gestionar riesgos. Sin embargo, ante fenómenos catastróficos de gran magnitud, la sostenibilidad de los sistemas nacionales puede verse comprometida y producirse incrementos significativos de las primas.
Por ello, España ha respaldado la propuesta presentada por Portugal para crear un mecanismo europeo de reaseguro que se active en situaciones excepcionales y contribuya a cubrir parte de la siniestralidad extraordinaria conforme a criterios objetivos basados en series históricas.
En España, el sistema de seguros agrarios combinados ha sido y es una herramienta fundamental para asegurar la renta de los agricultores y ganaderos afectados por episodios climáticos adversos como el actual tren de borrascas.
El Gobierno ha apostado por esta herramienta y ha elevado sensiblemente el presupuesto dedicado a los seguros agrarios al pasar de 211 millones de euros en 2018 a los actuales 315 millones de euros para 2026.
Los ministros de Agricultura han abordado también las prioridades estratégicas de la Unión Europa en relación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En este sentido, Planas ha remarcado que «Europa debe caminar unida para maximizar las posibilidades de éxito y alcanzar los objetivos perseguidos».
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/