La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presidido la sexta reunión de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios en la que se ha abordado el despliegue de los fondos europeos y las propuestas de los gobiernos autonómicos para finalizar la Adenda al Plan de Recuperación que elabora el Gobierno y que será presentada formalmente a Bruselas en el primer trimestre.
En la reunión han participado todas las comunidades autónomas de forma presencial, salvo Baleares y Melilla que lo han hecho forma telemática, y también ha asistido la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La Conferencia Sectorial se ha desarrollado con un tono muy positivo y constructivo y casi todas las Comunidades Autónomas han mostrado su agradecimiento y reconocimiento del esfuerzo realizado por el Gobierno para el despliegue ágil de los fondos en todo el territorio, destacando el compromiso con la co-gobernanza al haberse realizado 130 conferencias sectoriales, realizado 32 manifestaciones de interés y otros foros de coordinación.
Tras coincidir la práctica totalidad de las regiones en el diagnóstico de la buena marcha de la economía española, los consejeros han señalado que el año se inicia con confianza sobre la evolución en todo el territorio pese a la incertidumbre en el ámbito internacional, al tiempo que han valorado el compromiso con la ejecución ágil de las inversiones.
Gobierno y comunidades autónomas han coincidido en señalar que es el momento de identificar aquellos proyectos que pueden tener una mayor dificultad de ejecución para proceder a reasignar los fondos y en la necesidad de garantizar el aprovechamiento del 100% de los fondos europeos.
En este sentido, se ha hecho seguimiento de la ejecución de las inversiones por parte de las regiones para conocer el despliegue sobre el terreno, haciendo hincapié en la importancia de acelerar dichas inversiones en todo el territorio con la garantía de los mecanismos de control puestos en marcha.
Las comunidades autónomas: clave en el despliegue de los fondos europeos
España lidera el despliegue del Plan de Recuperación en Europa, como ha avalado la Comisión Europea con dos desembolsos realizados y la solicitud de un tercero, fundamentada en el cumplimiento de hitos y objetivos, cuya valoración positiva se espera que se produzca a mediados del mes de febrero.
Ya se han resuelto más de 23.300 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones. Los fondos europeos están llegando a la economía, financiando más de 190.000 proyectos, un 45% a empresas.
De hecho, el despliegue del Plan de Recuperación alcanzó la velocidad de crucero en 2022, con un ritmo de convocatorias y licitaciones de 2.000 millones de euros al mes que se ha acelerado en el arranque de año al haberse comprometido 3.000 millones de euros, el 13% del total del presupuesto asignado para el ejercicio.
Ya se han transferido a través de 130 conferencias sectoriales más de 20.500 millones de euros a las Comunidades Autónomas, a los que se suman las licitaciones del Estado resueltas en las que han participado otras administraciones. En detalle, se han transferido 4.900 millones de euros de los fondos europeos a los ayuntamientos y otros 2.600 millones a las comunidades autónomas.
Los gobiernos autonómicos han lanzado convocatorias de licitaciones por más del 50% de los fondos asignados, habiéndose resuelto el 20% de los fondos asignados (lo que equivale a más de 4.000 millones de euros). Frente a estos datos, la Administración General del Estado ha resuelto más del 80% de sus convocatorias, que corresponde a una inversión de 19.200 millones de euros.
El Plan de Recuperación está cumpliendo sus principales objetivos: acelerar la transición verde y la transición digital, así como reforzar la cohesión social y territorial. Cerca de la mitad de las convocatorias totales corresponde a proyectos verdes o digitales, entre los que destacan el programa de rehabilitación energética de edificios, el programa de apoyo al transporte sostenible, como el MOVES III para facilitar el acceso a vehículos eléctricos, que cuenta ya con 18.000 beneficiarios y el Kit Digital, para la digitalización de pymes de entre 0 y 49 empleados, que acumula más de 140.400 ayudas concedidas.
En este sentido, el 69% de los fondos asignados se ha dirigido a empresas, con una distribución muy capilar por el territorio que alcanza también a las empresas de provincias con menor densidad de población como Soria, Huesca o Teruel, que presentan los valores más altos de número de empresas beneficiarias por cada 1.000 empresas.
Como se ha informado en el marco de la reunión sectorial, con la Adenda al Plan de Recuperación se pretende reforzar el apoyo financiero a las empresas, con especial atención a las pymes, con la canalización a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 15.000 millones de euros en préstamos a través, entre otros instrumentos, de una nueva Línea ICO-Verde que financiará inversiones en energías renovables, eficiencia energética y economía circular.
Inversiones estratégicas y reformas estructurales
Con la Adenda está prevista la movilización de 94.300 millones de euros (7.700 millones de euros en transferencias adicionales y hasta 84.000 millones de euros en préstamos y 2.600 millones de euros previstos de transferencias del nuevo instrumento RePowerEU).
Los representantes autonómicos han manifestado su acuerdo en la visión y prioridades fijadas con la Adenda sobre la concentración de las inversiones en la industrialización y la autonomía estratégica en cinco ámbitos (energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital), así como sobre los nuevos programas de asistencia técnica y microacreditaciones, con el fin de seguir agilizando el despliegue de las inversiones, especialmente los proyectos estratégicos (PERTEs).
En esta línea, ha quedado patente el acuerdo unánime para impulsar los PERTEs y la buena acogida al nuevo PERTE para la Descarbonización de la industria. Se ha informado sobre las gestiones para agilizar los procedimientos de ayudas de Estado y el nombramiento de los Comisionados, para centralizar los contactos para las empresas y proyectos concretos.
De hecho, con la Adenda se pretende reforzar los 12 PERTEs ya en marcha, con la movilización de más de 26.300 millones de recursos públicos adicionales, con las transferencias y préstamos asociados a la Adenda, especialmente el nuevo de Descarbonización industrial, el de Semiconductores (Chip) y el de Energías e Hidrógeno renovable (ERHA) por su relevancia en ámbitos clave con la transición energética y la autonomía estratégica.
Los préstamos permitirán reforzar los fondos ya existentes de apoyo empresarial y crear nuevos instrumentos financieros para sostener el esfuerzo de inversión pública y privada y mantener el impacto contracíclico y de apoyo a la estabilidad macroeconómica, financiera y fiscal.
También se ha acordado celebrar una nueva reunión técnica para trabajar con más detalle en la articulación de un posible fondo que canalice los préstamos para inversiones sostenibles de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta el sistema de financiación autonómica y la necesidad de garantizar la neutralidad fiscal.
Junto con las inversiones, las 30 reformas previstas en la Adenda permitirán continuar la transformación de la economía española iniciado en 2020 y profundizar el impacto que ya está teniendo el cumplimiento generalizado de los compromisos adquiridos, acelerando la transición ecológica y la transformación industrial.
La ejecución del Plan de Recuperación junto con la Adenda permitirá incrementar el nivel del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 3 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031.
En línea con el intenso proceso de diálogo y cogobernanza, El Gobierno incorporará las propuestas de administraciones territoriales, agentes económicos y sociales antes de enviar la Adenda a Bruselas. La próxima semana se celebrará una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social dedicada específicamente al Plan de Recuperación.
Inicio de trabajos del Observatorio de Buenas Prácticas y la Comisión Local para la agilización de trámites administrativos
Durante la reunión también se ha señalado el inicio de los trabajos del Observatorio de Buenas Prácticas y la Comisión Local para la mejora de la regulación, cuya puesta en marcha se acordó en la Conferencia Sectorial celebrada el pasado mes de diciembre.
La creación de sendos grupos de trabajo servirá para seguir avanzando en la mejora regulatoria, la simplificación y agilización de los trámites administrativos y la eliminación de trabas, siempre bajo el estricto control de los fondos públicos. La Comisión Local se reunirá en este primer trimestre del año para examinar un primer borrador de la nueva ordenanza tipo de comercio minorista.
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/