El objetivo es defender los intereses de Galicia a través de unos alegatos al texto propuesto por el Gobierno central, que, en los términos previstos, es contrario a derecho al modificar una ley por la puerta de atrás y extendiendo además la directiva europea de servicios a todas las actividades productivas del litoral
Ante las acusaciones de alarmismo del Ejecutivo central, las representantes autonómicas recuerdan que la modificación propuesta permitiría la anulación de prórrogas sobre concesiones ya otorgadas, la denegación de prórrogas solicitadas y la aplicación, con carácter general, de un régimen más restrictivo a las nuevas concesiones
En la Comunidad los cambios afectarían a unos 25.000 empleos dependientes de actividades que se desarrollan en el dominio público marítimo-terrestre, entre ellas la acuicultura, un sector clave con 2.500 empresas y cerca de 4.500 trabajadores
El futuro de instalaciones como astilleros, empresas de la cadena mar-industria, hoteles o negocios de hostelería podría verse comprometido si sale adelante esta reforma
Denuncian que el Ministerio pretende resolver en pocos meses una cuestión que lleva años negociando con Bruselas «con total oscurantismo» y subrayan que fue gracias a la presión de la Xunta por lo que se amplió el plazo inicial para alegar y envió información clave sobre el impacto de la modificación
La Xunta de Galicia propuso esta tarde impulsar un frente común en la Comunidad entre administraciones públicas, empresas y expertos en el litoral para presentar alegaciones frente a la reforma del Reglamento General de Costas que está tramitando en solitario el Gobierno central.
El objetivo es sumar fuerzas entre todas las partes afectadas para intentar frenar una modificación que, en los términos previstos actualmente, es contraria a derecho y contribuirá a generar inseguridad jurídica ya que modifica la Ley de costas estatal por la puerta de atrás y, además, pretende extender la aplicación de la directiva de servicios europea a todas las actividades productivas del litoral, poniendo así en riesgo los derechos adquiridos durante años por las empresas y las personas que dependen de la costa.
Esta fue la principal conclusión del Grupo de trabajo constituido hoy a propuesta de la Xunta y de la Confederación de Empresarios de Galicia para analizar el anteproyecto del Reglamento General de Costas y actuar de forma coordinada en la defensa de los intereses de la Comunidad y de las instalaciones asentadas en el litoral.
En esta primera reunión participaron, por parte del Gobierno autonómico, la secretaria general técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, la secretaria general técnica de la Consellería do Mar, Marta Barreiro, y la directora general de Energías Renovables y Cambio Climático, Paula Uría, además de miembros de la Comisión Mar-Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia, de la Federación Galega de Municipios e Provincias y del Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña.
Tras recordar que el 15 de abril finaliza el plazo para presentar alegaciones al Real Decreto del anteproyecto de Reglamento General de Costas, las representantes de la Xunta explicaron que su inquietud ante los efectos de la reforma en tramitación es compartida también por la Comisión Europea, a pesar de que el Gobierno central lleva meses justificando los cambios en la norma por el expediente de infracción abierto en 2023 por la UE contra España por incumplir la directiva de servicios en las concesiones en el litoral.
En este sentido, incidieron en que durante el reciente viaje de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático a Bruselas, la Xunta pudo constatar que las autoridades comunitarias temen que el nuevo reglamento genere inseguridad jurídica y litigios posteriores, así como un conflicto social derivado del impacto negativo que puede tener, entre otras cosas, por la vulneración de derechos adquiridos por parte de los titulares de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) que lleva implícita, justo el efecto contrario que se pretendía lograr con el dictamen de la Comisión.
En concreto, explicaron que esta modificación, tal y como figura en el propio texto del Gobierno central, permitiría la anulación de prórrogas sobre concesiones ya otorgadas, la denegación de prórrogas solicitadas y la aplicación, con carácter general, de un régimen más restrictivo a las nuevas concesiones, al tiempo que pretende eliminar la figura de las prórrogas extraordinarias.
Mayor afección en Galicia
Galicia sería una de las comunidades más afectadas si la modificación del reglamento sale adelante en los términos actuales ya que se estima que hay unos 25.000 empleos dependientes de actividades que se desarrollan en el dominio público marítimo-terrestre gallego, lo que representa unos 3.700 millones de euros de facturación.
A modo de ejemplo, las responsables autonómicas citaron el caso de la acuicultura, un sector clave que suma 2.500 empresas y casi 4.500 trabajadores, pero advirtieron también que entre las actividades económicas del litoral cuyo futuro podría verse comprometido hay astilleros, empresas de la cadena mar-industria, hoteles o negocios de hostelería, de ahí que la preocupación de la Xunta sea en estos momentos máxima.
Ante las acusaciones del Ejecutivo central, que hoy mismo en una reunión mantenida con la Fegamp volvió a reprochar el “alarmismo” de la Xunta ante la reforma del Reglamento General de Costas, las representantes de la Xunta defendieron que el propio dictamen de la Comisión Europea y las alegaciones presentadas por los concellos durante la fase de consulta pública previa (algunos de los cuales pidieron explícitamente que se excluyera del ámbito de aplicación a los sectores acuícola y marisquero) confirman que los cambios “van más allá de lo exigido” para que España pueda cumplir con las exigencias comunitarias.
Así, subrayaron que la decisión del Gobierno central de aplicar la directiva de servicios a todas las actividades y sectores productivos asentados en el litoral supondría, en la práctica, equiparar la situación de una batea o de una conservera con la de un chiringuito de playa cuando son instalaciones totalmente distintas y con sus propias singularidades.
Sin diálogo ni transparencia
Además, las representantes autonómicas recordaron que el Ejecutivo central inició los trámites para reformar el reglamento sin informar previamente a las autonomías, dando poco plazo para presentar aportaciones a la consulta pública previa y sin convocar la preceptiva Conferencia Sectorial, una serie de defectos de forma que cuestionan ya de por sí la validez del procedimiento.
Esta misma situación de oscurantismo y celeridad injustificada se repitió en el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de Real Decreto, publicado el 9 de marzo sin la preceptiva Memoria de análisis de impacto normativo (MAIN) y en el que inicialmente se otorgó un plazo de solo 18 días hábiles para alegar.
En este sentido, incidieron en que fue solo gracias a la presión de la Xunta (a través de sus comunicaciones al Gobierno central y tras la petición de amparo a la propia Comisión Europea) que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico finalmente amplió el período de presentación de alegaciones del 1 al 15 de abril y envió información clave para valorar el alcance e impacto de la reforma (el MAIN), una rectificación de la que se beneficiaron todas las partes afectadas o interesadas en la reforma del reglamento.
Por todo lo expuesto, las responsables de la Xunta coincidieron en que el Estado pretende resolver ahora en pocos meses una cuestión que lleva años negociando con Bruselas “con total oscurantismo” y sin contar con las comunidades autónomas ni defender en ningún momento los intereses de los sectores económicos potencialmente afectados.
Por eso, censuraron que esta misma mañana el delegado del Gobierno en Galicia asegurara que la voluntad del Ministerio es escuchar a los concellos y atender las posibles aportaciones que se reciban en el marco de la información pública cuando desde el principio la reforma del reglamento se tramitó sin diálogo ni transparencia y la única forma de conseguir información fue siempre por la vía de la presión y la insistencia. En este sentido, también lamentaron que minimizara ante la Fegamp el impacto de la reforma sobre los concellos costeros e insistiera en que viene impuesta por Europa, cuando la realidad es bien distinta.
Fuente: https://www.xunta.gal/