La mayor transformación de la Justicia desde el siglo XIX entra en funcionamiento el 1 de enero con la última fase de la Ley de Eficiencia. Ese día, los antiguos juzgados unipersonales (3.800) se convertirán en 431 tribunales de instancia, con el objetivo de ofrecer un servicio público más ágil, moderno y cercano a la ciudadanía.
La reforma ha sido progresiva: más de 300 tribunales de instancia ya funcionan desde julio sin incidencias destacables. Ahora se activan los últimos 100 en grandes partidos judiciales como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma y Valladolid. Solo las oficinas judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés se pondrán en marcha el 15 de febrero para que puedan completar los últimos ajustes técnicos.
Una nueva estructura para ganar agilidad y eficiencia
La ley introduce una reorganización que moderniza una planta judicial diseñada en el siglo XIX. Hasta ahora, cada juzgado contaba con un único juez y su equipo técnico. Los tribunales de instancia, en cambio, son órganos colegiados formados por todos los jueces del partido judicial, organizados en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etc.), y cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico. Esta estructura permite optimizar recursos, distribuir mejor la carga de trabajo y aumentar la flexibilidad para adaptarse a las necesidades y evitar cuellos de botella.
Otro avance relevante es la creación de las Oficinas de Justicia en el Municipio, que permiten a los ciudadanos realizar múltiples trámites judiciales sin tener que desplazarse al municipio donde se ubican los tribunales de instancia. Desde julio hasta diciembre, estas oficinas han gestionado más de 114.000 trámites.
Financiación y coordinación
Para implementar el nuevo modelo, el Ministerio ha invertido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos en las 12 comunidades con competencias transferidas en Justicia, con un ahorro estimado de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años. La puesta en marcha del modelo ha contado con coordinación y planificación conjunta, el grupo técnico del Ministerio y las comunidades autónomas han realizado 27 reuniones de seguimiento y siete Comisiones Sectoriales durante el año.
Además, se ha desarrollado un amplio plan de formación sobre la nueva norma, con más de 280 sesiones informativas, 305 cursos de digitalización con más de 15.000 participantes y una Jornada de Directores de Servicios Comunes con cerca de 300 asistentes.
Esta reforma, fruto de años de trabajo en el Ministerio, ha sido posible gracias al compromiso de comunidades autónomas, jueces, magistrados, letrados de la Administración y funcionarios de Justicia.
La eficacia demostrada de los tribunales de instancia
Los tribunales que entraron en funcionamiento en julio agilizan los procedimientos y así lo demuestran los datos. Los actos de comunicación pendientes (notificaciones, requerimientos, etc.) se han reducido un 36% de media en siete comunidades, con un 43% en Andalucía y un 34% en la Comunitat Valenciana. La ejecución de sentencias se ha agilizado un 30% de media, alcanzando un 69% en Andalucía, un 55% en Castilla-La Mancha y un 27% en Catalunya y la Comunitat Valenciana. (Datos de los Tribunales de Instancia en funcionamiento desde el 1 de julio facilitados por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia)
Por otra parte, la Ley también fomenta la reducción de litigios al exigir recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial. Así, en el tercer trimestre del año, los nuevos litigios civiles descendieron un 30,9% en toda España.
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/