Cuatro personas han sido detenidas, y una quinta está siendo investigada, por tres delitos contra la Seguridad Social y otros cuatro de frustración en la ejecución
En una de las tramas, un empresario dedicado al sector de la construcción ha ido acumulando, desde los años noventa, deudas con la Seguridad Social al evitar su pago interponiendo empresas y personas para obstaculizar la acción recaudatoria
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Vizcaya a cuatro personas por su presunta participación en un fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la preparación y elaboración de productos cocinados o la construcción, cuantificándose el fraude total en 1.124.763 euros. Una quinta persona está siendo investigada por su presunta relación con los hechos.
Las investigaciones comenzaron en mayo de 2021, cuando los agentes recibieron varios escritos-denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social, en los que se requería la actuación policial ante las diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo, presuntamente, por los administradores de distintas empresas para eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de Barakaldo y Getxo.
Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social. En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas. Los agentes han podido determinar la participación delictiva de cinco personas físicas, siéndoles imputados los delitos contra la seguridad social y frustración de la ejecución.
Andamios y tarimas sobre deudas
El entramado societario estaba dirigido por un empresario que desde la década de los noventa se dedicaba la explotación del negocio de la construcción, acumulando deudas con la Seguridad Social en muchas de las mercantiles del entramado. En 2013, constituyó una mercantil, nombrando administrador único a un electricista de profesión, ocultándose de esta manera como administrador real a la Seguridad Social, evitando la inscripción de los nombramientos y no presentando cuentas en el Registro Mercantil para ocultar la situación económica real de la sociedad.
Posteriormente, el negocio pasó a ser explotado formalmente por el empresario individual, que desde los años noventa no había vuelto a tener trabajadores dados de alta hasta mayo del 2015, momento en el que se da de alta como autónomo de nuevo y pasan a trabajar para él algunos de los trabajadores que anteriormente trabajaban para la otra empresa que había creado.
A principios del año 2019, decidió continuar explotando el negocio con otra sociedad que, a pesar de haberse constituido en 1996, había cesado su actividad en 2007, pasando algunos de sus trabajadores a la citada mercantil y ocultando de nuevo su responsabilidad en la sociedad. Su modus operandi era utilizar empresas y personas interpuestas como administradoras de derecho para ocultarse como administrador real de la acción recaudadora de la Seguridad Social y seguir acumulando deuda en las nuevas empresas. Los trabajadores iban pasando de unas empresas a otras y continuaba acumulando deuda por el impago de los seguros de los trabajadores que tenía de alta en las distintas empresas, mientras facturaba a terceros a través de empresas sin deuda y sin trabajadores para eludir a la Seguridad Social.
En paralelo a la sucesión empresarial mencionada, y para distraer los ingresos del negocio investigado de instalación y alquiler de andamios, creó dos nuevas empresas (sin deuda) que utilizó para realizar contratos con la administración pública, que luego llevaban a cabo los trabajadores de las empresas deudoras, ya que para poder contratar con la administración pública es necesario que la mercantil no tenga deudas pendientes con la Seguridad Social.
Fuente: www.policia.es