Con 57 millones de euros, el Ejecutivo regional asegura un derecho recogido en la Constitución Española
Este servicio público benefició a cerca de 71.000 personas en la región durante el año pasado
El Ejecutivo autonómico destina por habitante hasta un 43% más que el Gobierno central en esta misma materia
La Comunidad de Madrid invertirá 57.050.000 euros en 2025 para garantizar la asistencia jurídica gratuita a través de los colegios de abogados y procuradores de la región, lo que representa un aumento del 13,2% con respecto al año pasado.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy dos subvenciones por concesión directa. La primera de ellas, de 49.100.000 euros, dirigida al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de
Henares (ICAAH). La segunda, de 7.950.000 euros, al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM).
El Ejecutivo autonómico asegura con esta dotación presupuestaria el cumplimiento de la Constitución Española, que recoge el derecho fundamental de todos los ciudadanos que carecen de los recursos económicos suficientes a
la tutela judicial efectiva y la asistencia jurídica gratuita. Un total de 70.677 personas se beneficiaron este servicio público en 2024.
Los pagos a los letrados se canalizan a través del Consejo de Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a ICAM e ICAAH. En el caso de la procura, se realizan por mediación del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.
La región cuenta con 75.867 abogados colegiados -74.444 en el ICAM y 1.423 en el ICAAH-, según la memoria anual 2023 del Consejo General de la Abogacía Española. Por su parte, el número de miembros del ICPM asciende a
1.955 en la actualidad.
El Gobierno regional ultima la tramitación de un nuevo Decreto que regula la asistencia jurídica gratuita y el funcionamiento de los órganos que intervienen en ella, así como las relaciones entre la Administración y los colegios profesionales competentes en este ámbito.
Esta medida va en línea con la simplificación de los trámites administrativos que realiza el Ejecutivo autonómico con el objetivo de hacerlos más sencillos para los ciudadanos. El proyecto también detalla de forma exhaustiva las funciones
de los colegios profesionales de abogados y procuradores en esta actividad con el fin de asegurar un correcto desempeño y, con ello, su calidad.
Además, el Consejo de Gobierno ha conocido hoy un informe de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, sobre la situación de esta materia en la región.
Los presupuestos de este año reflejan una inversión de 62.940.000 euros, un 9,9% más que en 2024, para una población de 7.009.268 personas. Aquí se incluye también el servicio de orientación jurídica, el de representación procesal
y el turno de oficio.
Esta cifra contrasta con los 53.288.520 euros que tiene previstos en 2025 para este fin el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en las comunidades donde tiene las competencias en Justicia: Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia, Ceuta y Melilla. Todas ellas suman 8.520.220 residentes.
Por tanto, el Ejecutivo autonómico destinará 9.651.480 euros más que el Gobierno central con 1,5 millones de personas menos bajo su área de actuación. Empleará 8,98 euros por habitante, mientras que el Ministerio 6,25, lo que representa un 43,57% más desde la Comunidad de Madrid.
Fuente: https://www.comunidad.madrid/