HazteOír denunciará por prevaricación a los magistrados del TC que levanten la suspensión del voto a los nacionalizados por la ley de nietos

Hazte Oír denunciará por prevaricación a los magistrados del Tribunal Constitucional que respalden la petición del Defensor del Pueblo de levantar la suspensión del derecho a voto de los más de 160.000 nacionalizados por la ley de nietos, una cautelar ratificada por el Tribunal Supremo el pasado día 12.

La asociación ya trabaja en la redacción de la querella y en otras acciones judiciales «para frenar el plan de Pedro Sánchez y para defender la legalidad del censo y las garantías electorales», según anuncia en un comunicado recogido por La Razón. «Si el Constitucional concede esas cautelarísimas, presentaremos una querella contra los magistrados que respalden la decisión. Vamos a defender la legalidad y unas elecciones limpias hasta el final», afirma su presidente, Ignacio Arsuaga.

Para Hazte Oír, Ángel Gabilondo actúa como «defensor del Partido Socialista» al promover el levantamiento de la medida cautelar con la que el Supremo pretende garantizar la limpieza del proceso electoral y evitar que acudan a las urnas personas que hayan adquirido la nacionalidad de forma irregular. La asociación entiende que la paralización debe mantenerse mientras el alto tribunal resuelve la controversia sobre la instrucción del Ministerio de Justicia que presupone el exilio a los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955 sin necesidad de acreditarlo documentalmente.

«La limpieza de las urnas exige controles y un censo con garantías. No aceptaremos que se desactiven las cautelas del Supremo para resolver las urgencias políticas de Pedro Sánchez», señala Arsuaga, que advierte de que levantar las cautelares supondría «un nuevo ataque» a las resoluciones del Supremo y al Estado de Derecho. Hazte Oír ya presentó una denuncia contra el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que ha visto archivadas más de media docena de querellas contra él y otros seis magistrados por la aplicación de la amnistía. «No vamos a dar un paso atrás. Defenderemos la justicia y la legalidad frente a cualquier intento de poner las instituciones al servicio del Gobierno», concluye.

Fuente: La Razón

Foto: Un colegio electoral en España, en unas elecciones generales (foto: MiguelAlanCS, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons).