La falta de creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante AAI y la ausencia de divulgación del Gobierno retrasan la aplicación de la ley en España.
El 30 de noviembre de 2023 finalizó el plazo para que las entidades obligadas por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, implanten un canal y sistema interno de información para la recepción de denuncias.
Esta ley entró en vigor el 17 de marzo de 2023 y el plazo para adecuarse las organizaciones venció el 30 de noviembre de 2023, pero su aplicación real está siendo muy lenta y ya lo fue su transposición (De la Directiva Europea Whistleblower UE 2019/1937 a la Protección al Informante de la Ley 2/2023 de 20 de febrero).
Entre otras cosas, la aplicación de la ley en España está siendo muy lenta debido a la falta de creación de la AAI. Esta autoridad es la encargada de velar por la aplicación de la ley y de proteger a los informantes. Su creación aún no ha sido aprobada por el Gobierno español.
Esta situación está generando incertidumbre entre los informantes, que no saben a quién acudir para denunciar las infracciones que conozcan. Además, dificulta la investigación de estas infracciones, ya que la AAI es la encargada de recopilar y analizar la información que los informantes proporcionan.
Por otro lado, la divulgación por parte del Gobierno sobre la aplicación de la ley también está siendo escasa. La AAI es una autoridad que estará adscrita al Ministerio de Justicia para ser nombrada por el Consejo de Ministros, y será la responsable de la aplicación de la ley y de la aplicación del régimen sancionador.
Recomendaciones para mejorar la aplicación de la ley
Para mejorar la aplicación de la Directiva Whistleblower en España, es necesario que el Gobierno apruebe la creación de la AAI lo antes posible. Esta autoridad será esencial para velar por la aplicación de la ley y para proteger a los informantes.
Además, el Gobierno debería aumentar la divulgación sobre la aplicación de la ley. Esto podría hacerse mediante la publicación de informes periódicos sobre el progreso de la implantación de la ley, mediante la difusión de información sobre la ley a través de los medios de comunicación y mediante la celebración de eventos y foros sobre la materia.
Con estas medidas, se podría contribuir a mejorar la aplicación de la Directiva Whistleblower en España y a garantizar la protección de los informantes.
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