El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes asegura que se ha completado el 50% de las reformas previstas y ha mostrado su confianza en la aprobación de los proyectos pendientes en la segunda mitad de la legislatura.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido a petición propia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Bolaños ha presentado el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) y ha pedido a todos los grupos parlamentarios un debate constructivo y altura de miras para negociar y completar la mayor transformación de la Justicia en décadas.
El ministro ha insistido en que es el momento de las reformas, una oportunidad histórica para modernizar la Justicia, aumentar el número de jueces y fiscales, mejorar sus condiciones laborales o actualizar, después de más de 140 años, el proceso penal. Unas reformas que -ha recordado- no afectan a la independencia judicial, que está más que garantizada.
Bolaños también ha hecho balance de la ambiciosa agenda normativa impulsada desde el ministerio que dirige, que considera cumplida en un 50% tras 2 años de legislatura con hitos como el decreto de digitalización o la Ley de Eficiencia, que moderniza una planta judicial diseñada en el siglo XIX.
Sobre las reformas pendientes, ha reiterado que seguirá trabajando para sacar adelante leyes imprescindibles, como la nueva LOECrim o la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que permitirá incorporar 2.500 jueces y fiscales en tres años. Unos proyectos -ha recordado- que también son fruto del trabajo de predecesores suyos, como los ministros Ruiz Gallardón, Llop, Catalá o Caamaño.
Una nueva LOECrim, más moderna y garantista
Bolaños ha centrado su comparecencia en el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que ha considerado imprescindible para modernizar el proceso penal. El ministro ha destacado que atribuye la investigación al Ministerio Fiscal bajo la supervisión de un juez de garantías; un juez que deberá validar todas las medidas de investigación que puedan afectar a los derechos fundamentales de los investigados y que resolverá los recursos contra las principales actuaciones del fiscal investigador, lo que supondrá un proceso de instrucción penal más garantista.
También ha recordado que este nuevo modelo nos homologa a los países de nuestro entorno europeo y es más respetuoso con las disposiciones constitucionales, que atribuyen a los jueces la función de administrar justicia y a los fiscales la de promover su acción.
Asimismo, ha destacado otras novedades del texto, como la nueva regulación de la acción popular, reconsiderando sus límites conforme a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el fomento de las soluciones negociadas o la incorporación de nuevas y avanzadas herramientas en la lucha contra la criminalidad.
Por último, ha recordado que el proyecto incluye una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que refuerza su autonomía con medidas como desvincular la duración del mandato del Fiscal General del Estado del Gobierno.
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/