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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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El recurso de VOX frena la ley de nietos: el Supremo mantiene sin voto el 29-N a 163.020 nacionalizados

RedacciónLectura 2 min

Fachada del Tribunal Supremo
Tribunal Supremo, en Madrid. Foto: Nerve net, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)

El Tribunal Supremo mantiene para las elecciones del 29 de noviembre la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos, la medida que VOX consiguió con su recurso y que frena una maniobra para meter en el censo a 163.020 personas que no viven en España.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó el lunes el recurso de la Abogacía del Estado, que pedía levantar la cautelar adoptada el 10 de septiembre. Esa cautelar nació del recurso presentado por VOX y por Iustitia Europa contra la instrucción del Ministerio de Justicia que ampliaba la aplicación de la ley de nietos y contra el acuerdo de la Junta Electoral Central sobre las altas en el censo.

El tribunal sostiene que persiste «con la misma intensidad» el riesgo de que el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) se constituya irregularmente, sin la «exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia» que exige un proceso electoral. En septiembre ya había hablado de «un peligro fundado, real y serio» para la objetividad y la transparencia de las elecciones por el incremento extraordinario del número de electores.

Según El País, la medida afecta a 163.020 personas. El Supremo ha ordenado publicar el auto en el BOE, el Tablón Edictal Judicial Único y los consulados, y da cinco días hábiles a los afectados para personarse en la causa con abogado y procurador. El censo electoral se cerró el 1 de agosto y puede consultarse hasta el 19 de octubre.

El Gobierno, que había pedido levantar la suspensión, estudiaba recurrir al Constitucional. El Tribunal Constitucional, sin embargo, ha descartado intervenir antes del 29-N: sus fuentes señalan que el asunto corresponde a la Sala de lo Contencioso del Supremo y a la administración electoral.

La ley de nietos, tal como la ha aplicado el Gobierno de Sánchez, es un intento de fraude electoral: sumar al censo, a las puertas de unas elecciones generales, a 163.020 nacionalizados que no viven en España y cuyos expedientes ni siquiera se podían revisar a tiempo. Los propios servicios jurídicos del Estado admitieron que era «materialmente imposible» revisar los expedientes con la nueva fecha electoral. La iniciativa que ha frenado la maniobra es de VOX.

Fuente: RTVE; El País; Cadena SER

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