La transformación digital de la Justicia constituye una de las prioridades, destacando los 10 proyectos que se ejecutarán, con la financiación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en cogobernanza con las comunidades autónomas
El secretario de Estado, Pablo Zapatero, ha anunciado hoy, en comparecencia en el Congreso de los Diputados, un presupuesto para el Ministerio de Justicia para 2022 de 2.247,5 millones de euros, un 11,6% más que en 2021.
Dentro de este presupuesto, Zapatero ha resaltado la importancia de los fondos asignados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que ascienden a 209,77 millones de euros para 2022 -182 millones más que en 2021-, y los proyectos que se van a llevar a cabo dentro del plan de Justicia 2030 con el objetivo de alcanzar «un servicio público de Justicia accesible, eficiente y de calidad, impulsado por las tecnologías de la información».
El secretario de Estado ha querido recordar que «estos son los presupuestos de una recuperación social y justa, centrada en la ciudadanía», y que la programación y ejecución del plan de Justicia 2030 están plenamente alineados con la consecución de los hitos y objetivos de las reformas e inversiones del PRTR.
Partidas para la consecución de la eficiencia organizativa
Zapatero ha presentado las principales partidas presupuestarias de cada capítulo de gastos correspondiente a la Sección 13 del Ministerio de Justicia.
El capítulo 1, referido a gastos de personal, se cifra en 1.646,74 millones de euros, conformando el grueso de presupuesto (73,3%). Dentro de él, destacan las nuevas medidas de mejora del servicio público de Justicia, entre las que se encuentran la creación de 70 nuevos órganos judiciales, la ampliación de la plantilla de fiscales en 70 plazas y la transformación de 219 plazas de tercera en segunda categoría de la plantilla del Ministerio Fiscal.
Para el próximo año los presupuestos prevén, además, una tasa de reposición del 120% para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y el resto de funcionarios que están al servicio de la Administración de Justicia, lo que supone un incremento de 10 puntos porcentuales con respecto al año anterior y de 20 puntos con respecto a 2020.
Estas medidas forman parte del proceso de implantación del nuevo modelo para la eficiencia organizativa que contempla el plan Justicia 2030.
En el capítulo 4, de transferencias corrientes, el presupuesto experimenta un incremento del 27,8%, pasando a 83,08 millones de euros, que se traduce en un aumento de las dotaciones destinadas a asistencia jurídica gratuita y, como novedad y con la finalidad de atender a colectivos más vulnerables, incluye la asistencia especializada de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
En la asistencia jurídica especializada se contemplan, asimismo, los compromisos derivados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, con un incremento del 40% respecto a las dotaciones de 2021.
Proyectos digitales
En el capítulo 6, de inversiones reales, se produce un incremento del 23,7% respecto a 2021, alcanzando los 241,20 millones de euros. Un 14,5% se destina a infraestructuras, equipamientos y edificios, mientras que el 85,5% restante se destina a la transformación de la Justicia.
En este último apartado, Zapatero ha destacado los importantes hitos ya alcanzados en el proceso de transformación digital, que hacen que España sea el segundo país de la Unión Europea más avanzado en servicios públicos digitales, según el informe del Índice de Economía y Sociedad Digital 2020 elaborado por la Comisión Europea.
La transformación digital de la Justicia constituye uno de los puntos fundamentales de la acción del Ministerio de Justicia, ha explicado el secretario de Estado, y ha destacado los 10 proyectos prioritarios que se ha acordado ejecutar en cogobernanza con las CCAA con la financiación de los fondos del PRTR.
Entre ellos se encuentra la implantación en todo el territorio de tres figuras contempladas en la ley de eficiencia organizativa, que son los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios, alineado con los objetivos fundamentales del PRTR de cohesión social y territorial, transformación digital, transición ecológica e igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Igualmente se desarrollarán inversiones en transformación digital con cargo al presupuesto ordinario, como la digitalización de los órganos judiciales, las salas de vistas del siglo XXI, y la mejora de las infraestructuras tecnológicas en los Institutos de Medicina Legal, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la Fiscalía, entre otros.
Programa de becas
Zapatero también se ha referido al gasto previsto para el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), organismo público adscrito al Ministerio, destacando el importe de 1,62 millones de euros que se destinarán a atender un programa de becas para la preparación de oposiciones a las carreras judicial y fiscal, al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado, «con el fin de favorecer la igualdad real y efectiva en el acceso mediante la eliminación de barreras socioeconómicas».
Por último, en lo que respecta a la Mutualidad General Judicial, el presupuesto para 2022 es de 125,04 millones de euros, lo que supone un incremento de un 12%. El secretario de Estado ha resaltado en este sentido la actual tramitación de un nuevo concierto para la asistencia sanitaria en todo el territorio nacional.
Sedes sostenibles
Junto al secretario de Estado, también ha comparecido la subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez, que se ha referido al presupuesto destinado a inversiones en inmuebles para la Administración de Justicia en el territorio Ministerio, con 19,12 millones de euros destinados a obra nueva y 7,30 millones de euros a obra de reposición.
La subsecretaria de Justicia también ha resaltado el gasto previsto para incrementar la eficiencia energética en 37 inmuebles destinados a la Administración de Justicia, con el objetivo de reducir la demanda energética y la producción de CO2 y servir de modelo para otras intervenciones de la Administración General del Estado.
«Pretendemos incorporar transversal y estructuralmente la transición ecológica en el servicio público de Justicia», para lo que se desarrollará un sistema de estandarización y monitorización de medidas de sostenibilidad en edificios, ha explicado Sánchez.
Fuente: www.lamoncloa.gob.es