Los votantes decepcionados del PP que votan a Vox lo hacen por las políticas de izquierdas que con cada vez más orgullo despliega el Partido Popular y que en materia LGTBI le lleva a aprobar y aplicar una normativa LGTBI que ataca derechos fundamentales de quienes no comparten la visión de la sexualidad y la familia de los LGTBI y que además es especialmente grave porque promueve el adoctrinamiento de los niños en los colegios promoviendo la visión de la sexualidad de los LGTBI mediante charlas de colectivos a niños menores de edad que todavía no tienen una idea clara sobre el sexo y la sexualidad.
Lo que el PP llama «derechos» que defiende del colectivo LGTBI son en realidad privilegios de los colectivos LGTBI a subvenciones o bien de carácter laboral, o a poder promover sus ideas atacando la libertad de pensamiento y de expresión de quienes no comparten las comparten.
Casualmente el lobbi LGTBI que tanto apoya el Partido Popular es especialmente intolerante con quienes no tienen su visión minoritaria de la sexualidad y la familia y aún más especial con la Iglesia, y además se trata de una minoría social que pretende imponer lo que considera sus derechos y visión de la sociedad a la mayoría de la misma. Sólo hay que recordar la campaña de HazteOir con el lema de una evidencia biológica “que no te engañen, las niñas tienen vulva y los niños tienen pene” o «Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujeres, seguirás siéndolo» que les hizo parecer los ataque más agresivos y llegó a calificarles como de “odio” o “tránsfobo” cuando en realidad, no es más que la opinión y percepción de la mayoría de la sociedad y no la que el lobby LGTBI que es una pequeña parte de la sociedad pretende imponer a la mayoría, algo que debería formar parte de la libertad de expresión y de pensamiento. Por parte del PSOE y del PP, lejos de apoyar la libertad de pensamiento y expresión de la asociación HazteOir, se unieron a las críticas.
La normativa LGTBI apoyada por el PP y PSOE suele ir mucho más allá del artículo 14 CE, al garantizar el principio de igualdad de trato y no discriminación por “identidad de género”, teniendo en cuenta que el “género” es la autopercepción del sexo que puede o no coincidir con el biológico. Por tanto, quiere decir que si un hombre se autopercibe como mujer, no debería ser discriminado como mujer, algo que jurídicamente no tiene ningún encaje en nuestra Constitución.
Entre los objetivos de la normativa LGTBI y que el PP y el PSOE considera «derechos», se encuentra la promoción de la ideología LGTBI, es decir, su visión personal de la sexualidad y la familia, e imposición a quienes no las comparta, de la siguiente forma:
a) Limitación de la libertad y el derecho a la salud emocional de las personas con dudas sobre su identidad sexual a acudir a terapias destinadas a la reorientacion al sexo biológico
b) Programas en los centros educativos para divugar las distintas realidades afectivas e imponer la percepción de los homsexuales de las sexualidad
c) Corregir los contenidos educativos que puedan inducir a discriminación por razón de orientación sexual (aquelllos que se refieren a los sexos biológicos masculinos y femenino o a la familia) así como incluir contenidos de pedagogías adecuadas para el reconocimiento de las personas LGTBI
d) Promoción por las administraciones públicas de iniciativas artísticas, culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas relacionadas con la diversidad sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual.
e) Fomento en los medios de comunicacion públicos la emisión de contenidos que contribuyan a una percepción del colectivo LGTBI exenta de «estereotipos» ( porque así denominan a los sexos biológicos masculino y femenino o a la familia de hombre y mujer)
Para imponer estos «derechos» de promoción de esta visión de la sexualidad y la familia, la normativa LGTBI establece infracciones y sanciones muy graves que atacan derechos fundamentales como la libertad de pensamiento y expresión, como es el caso de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía aprobada por el PSOE, pero mantenida y aplicada por el PP en la actualidad en el gobierno regional andaluz.