- Los informes elaborados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Abogacía General del Estado fundamentan que esta fundación realiza actividades contrarias a la ley: apología de Franco y el franquismo y humillación a las víctimas de la dictadura
- El Ministerio de Cultura, a través del Protectorado de Fundaciones, es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley por parte de las fundaciones y, de no hacerlo, instar su extinción
- La decisión sobre la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco corresponderá a la autoridad judicial
- Urtasun: “En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura”
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado hoy la resolución que servirá de fundamento para que la Abogacía del Estado inste la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco, como órgano competente para hacerlo.
Con esta resolución se culmina un proceso de casi dos años llevado a cabo por el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura. Este órgano, de competencia estatal, vela por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones, así como de instar su extinción en caso de incumplir la ley.
La Disposición Adicional 5ª de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, señala que cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo incurrirán en causa de extinción. Dicha disposición añade que se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado que “vamos a enviar al juez un expediente sólido, que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas”. Y ha añadido que “en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura. Hoy el Gobierno de España lanza un mensaje importante: que en España la democracia se defiende también en el terreno de la memoria”.
Procedimiento y cronología del procesoEste proceso se inició en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura, ante indicios de que la Fundación Nacional Francisco Franco incumplía la legislación vigente de Memoria Democrática y Fundaciones, solicitó a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que realizase un informe para estudiar la posible concurrencia de causa de extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática remitió su informe en mayo de 2025 junto a otros cuatro documentos adicionales: un informe de Abogacía General del Estado; otro de un experto en Derecho Constitucional; un tercero de análisis de contenidos de la página web y la representación en medios de comunicación de la Fundación Nacional Francisco Franco; y, por último, un compendio de testimonios de víctimas del franquismo en relación con las actividades de esta fundación.
De todos estos documentos se extraen varias conclusiones, en base a la Ley de Fundaciones, promulgada en 2002, y a la Ley de Memoria Democrática, promulgada en 2022. La primera de ellas refiere que la Fundación Nacional Francisco Franco no solo no persigue fines de interés general, tal como obliga la legislación vigente, sino que realiza actividades contrarias al mismo y, por tanto, contrarias a la ley.
En concreto, se indica que la fundación realiza apología del franquismo, ensalza el golpe de Estado y la dictadura, enaltece a sus dirigentes, y particularmente a Francisco Franco, y además lo hace con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra y del franquismo.
El informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática indica, entre otras cuestiones, que “se corrobora que en la web oficial de la Fundación Nacional Francisco Franco la actividad de glorificación se articula principalmente a través de comunicados institucionales, que en un alto porcentaje homenajean tanto a la familia Franco como a símbolos del régimen. (…) Este conjunto de titulares pone de manifiesto la coherencia temática de la web: un relato unificado que mezcla memoria familiar, nacionalismo festivo y mitificación bélica para exaltar la dictadura y banalizar toda crítica”.
Además, dicho informe indica que “se advierte menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas por la vía del negacionismo de la represión en materias extremadamente sensibles como la toma de Badajoz por los rebeldes, la destrucción de Guernica, los niños robados, la construcción del Valle de Cuelgamuros y, en general, toda la política represiva de la dictadura. (…) evidencian una estrategia deliberada de la Fundación Nacional Francisco Franco para ridiculizar y deslegitimar a las víctimas de la represión franquista, articulándolo a través de lenguaje agresivo, negacionismo y traslaciones de culpa”.
Ante esto, habiendo indicios de que puede concurrir causa de extinción, el Ministerio de Cultura inició el procedimiento previo a la extinción judicial, a través de una propuesta de resolución que fue notificada a la fundación el pasado mes de octubre. Tras el período obligatorio en el que la Fundación Nacional Francisco Franco pudo realizar sus alegaciones, se presentó una propuesta de resolución, notificada a la fundación y que también contó con el debido período de audiencia.
Por último, y tomando en cuenta toda la documentación y las alegaciones presentadas, se solicitó un informe a la Abogacía del Estado. Este informe concluye que la Resolución del procedimiento previo a instar la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco, firmada hoy por el ministro de Cultura, es conforme a derecho, constituyendo el último trámite necesario antes de remitirla a instancias judiciales a través de Abogacía General del Estado, el órgano competente para ello. Tal como indica la Ley de Fundaciones, la decisión sobre la extinción corresponde a la autoridad judicial.
Procedimientos de extinción de las fundaciones franquistasAdemás, en noviembre de 2025 el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció que se estaban analizando los posibles indicios para la puesta en marcha del procedimiento para instar la extinción de la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Memoria Democrática.
El Ministerio de Cultura solicitó los pertinentes informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática el pasado mes de noviembre para estudiar la posible concurrencia de causa de extinción. El procedimiento que se seguirá con estas cuatro fundaciones será el mismo que el seguido con la Fundación Nacional Francisco Franco. Todas estas actuaciones se inscriben en el marco del trabajo en memoria democrática que lleva a cabo el Ministerio de Cultura.
Reclamación del archivo de la Fundación Nacional Francisco FrancoEn paralelo al proceso para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, en noviembre de 2025 el Ministerio de Cultura instó a la Abogacía del Estado a iniciar la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo en posesión de la Fundación Nacional Francisco Franco, tras estudiarlos y determinar que se trata de documentos de carácter público.
En un informe realizado por personal técnico del Ministerio de Cultura, se estudiaron 27.620 documentos del archivo de esta fundación, que están digitalizados, disponibles en su web, o de los que se dispone de descripción. El informe concluye que el fondo documental procede del despacho y dependencias privadas del que fue jefe del Estado español y es documentación producida por la Casa Civil del jefe del Estado en su mayoría y, más concretamente, documentación producida por la Secretaría del jefe del Estado y dictador Francisco Franco. Así, se determina que todos ellos son documentos que fueron consecuencia de las funciones públicas que desempeñó Francisco Franco y, por lo tanto, son de carácter público.
Dado el carácter de los documentos, deben ser restituidos al Estado y conservarse en un archivo público, de acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico Español. El Ministerio de Cultura trasladó a Abogacía del Estado los informes técnicos realizados, así como el listado detallado de la documentación a reclamar, y la ha instruido para realizar la reclamación judicial.
Fuente: https://www.cultura.gob.es/