«Que en siete de cada diez hogares beneficiarios convivan menores nos recuerda que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es, sobre todo, una prestación pensada para proteger a las familias», ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en junio a 860.458 en los que viven 2.627.344 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 507 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 465,7 millones de euros.
En junio, hay 123.591 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 16,8%.
En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en junio de 2026 se contabilizan 373.943 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2025 (16,6%).
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el Ingreso Mínimo Vital tiene un marcado perfil femenino. En junio, el 68% de los titulares (585.180) y el 53,4% de las personas beneficiarias son mujeres, en concreto, 1.403.964.
Inversión social en la infancia
El IMV se ha consolidado como un modelo en el que la protección de la infancia ocupa un lugar central. En la actualidad, 1.070.918 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa casi el 41% del total. En términos acumulados, más de 1,6 millones de menores han estado cubiertos desde 2020 por la prestación.
Más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuentan con menores a cargo (591.436 hogares, cerca el 70% del total), lo que evidencia su impacto directo en la reducción de la pobreza infantil.
«Que en siete de cada diez hogares beneficiarios convivan menores nos recuerda que el IMV es, sobre todo, una prestación pensada para proteger a las familias. En estos seis años ha evolucionado para adaptarse a las necesidades de los hogares más vulnerables y hoy es una palanca de apoyo que ofrece estabilidad en los momentos de mayor dificultad», ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Estructura familiar y desigualdad de género
El perfil de los hogares beneficiarios revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. Del total de hogares, 144.960 son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia.
En este contexto, el IMV actúa como un mecanismo de estabilidad para muchas familias en las que las mujeres asumen la principal responsabilidad económica y de cuidados.
Complemento de Ayuda Para la Infancia
El Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En junio, 600.076 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 67,1 euros por menor y de 122,3 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes
El IMV no solo actúa como mecanismo de protección, sino también como herramienta de acompañamiento hacia la inclusión de los jóvenes. La edad media de los beneficiarios, situada en 28,5 años -y en 20,2 años si se excluye a los titulares- refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral. En este sentido, la compatibilidad con rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como palanca hacia el empleo.
Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.
Requisitos generales para solicitar el IMV
El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace casi seis años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, con especial atención a los menores.
Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
En el caso de las personas que agotan el subsidio por desempleo y no logran reinsertarse laboralmente, acceden al IMV sin necesidad de solicitarlo ni aportar nueva documentación, ya que el SEPE y la Seguridad Social realizan el reconocimiento de oficio.
Asimismo, la incorporación del Sistema de doble revisión de ingresos permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el año pasado los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.
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