La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han analizado la vulnerabilidad específica de las mujeres migrantes en los casos de violencia de género
La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presidido la tercera reunión del Consejo Asesor de Brecha de Género, a la que también han asistido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, entre otras personalidades, así como el conjunto de vocales, compuesto por personalidades del mundo académico, profesional y político.
Posteriormente al Consejo, las ministras Elma Saiz y Ana Redondo han mantenido una reunión para analizar la vulnerabilidad específica de las mujeres migrantes, y en particular en los casos de violencia de género. «La doble violencia contra las mujeres migrantes y refugiadas es un problema complejo, agravado por su situación de especial vulnerabilidad», ha explicado la ministra Elma Saiz.
«Las mujeres migrantes enfrentan una discriminación múltiple, derivada de factores como su género, nacionalidad, raza, religión, situación administrativa irregular, barreras culturales y lingüísticas, o la falta de redes de apoyo», ha expuesto Saiz. En ese sentido, ha recordado que el Informe sobre el Impacto Económico de la Discriminación de los Extranjeros en el PIB que ha presentado el OBERAXE (Observatorio del Racismo y la Xenofobia), destaca la especial discriminación laboral de las mujeres, tanto en lo referido a tasa de empleo como cualificación y brecha salarial.
Este informe cuantifica el impacto de la discriminación laboral y educativa de las personas extranjeras en España en 17.000 millones de euros, de los cuáles 12.300 millones son producto de la discriminación laboral exclusivamente. En ese marco, «la discriminación femenina es significativamente mayor que la masculina». En términos de valoración económica, esta discriminación femenina equivaldría a unas 65.500 trabajadoras extranjeras excluidas del mercado laboral, lo que correspondería a unos 1.200 millones de euros anuales menos en retribuciones salariales
Entre otros resultados, el informe hace referencia a que las mujeres extranjeras tienen 2,3 puntos porcentuales menos de probabilidad de participación laboral. De hecho, si bien representan el 47% de las personas empleadas extranjeras, contribuyen al 62% del efecto global de la discriminación por desempleo, tanto en número de personas como en valor económico.
«En nuestros protocolos de actuación con migrantes tenemos este fenómeno en cuenta, pero es un tema en el que hay seguir trabajando», ha asegurado Saiz.
La mujer gitana y su acceso a la protección social
En esta tercera reunión, el Consejo Asesor de Brecha de Género ha hecho un diagnóstico general de la situación de las mujeres gitanas y su acceso a la protección social, con un enfoque dirigido a romper barreras estructurales desde una mirada interseccional.
Según los estudios disponibles, las mujeres gitanas suman la discriminación por origen étnico, condiciones de vida en muchos casos marcadas por la pobreza, la precariedad laboral, la exclusión residencial y la falta de oportunidades educativas. Estos factores, junto con estigmas sociales arraigados, generan una desventaja acumulada que impacta de forma notable en su acceso a la protección social.
«La población gitana es uno de los grupos con mayor riesgo de exclusión social, y las mujeres dentro de ese grupo sufren una desventaja aún mayor», ha expuesto Saiz en su intervención. «Por eso es fundamental que nuestras políticas públicas, y en particular las de protección social, reconozcan y atiendan esta realidad desde su raíz. La realidad de las mujeres gitanas nos interpela a seguir impulsando estrategias inclusivas, participadas y adaptadas a sus circunstancias».
La Fundación Secretariado Gitano, entidad de referencia en la promoción de la igualdad de oportunidades y los derechos de la población gitana en España, ha documentado ampliamente esta realidad. Según sus estudios, la participación laboral de las mujeres gitanas es muy inferior a la de los hombres de la misma comunidad: en 2018 su tasa de actividad era del 38%, frente al 76% de los varones, mientras que la tasa de ocupación era del 17% frente a 44%.
«Es fundamental visibilizar el rol de las mujeres gitanas como sujetos activos, con capacidad de decisión, liderazgo y contribución a la sociedad, favoreciendo su acceso a todos los derechos en condiciones de igualdad, desde el conocimiento, el reconocimiento y el respeto a su identidad».
En este contexto, el Ingreso Mínimo Vital se configura como una herramienta clave para reforzar la protección social de los hogares en situación de vulnerabilidad, y tiene un enorme potencial para mejorar las condiciones de vida de muchas mujeres gitanas. «Desde el Gobierno seguimos trabajando para reforzar su alcance», ha asegurado la ministra. «Hay que adaptarlo mejor a las realidades de las personas beneficiarias y facilitar su acceso mediante medidas de simplificación administrativa, información accesible y acompañamiento social, como estamos haciendo».
«Las mujeres gitanas, por sus circunstancias específicas, pueden beneficiarse especialmente de este instrumento, al que se debe complementar con itinerarios de inclusión social, educativa y laboral, como se ha demostrado desde el Laboratorio de Políticas de Inclusión, que favorezcan su autonomía, formación y participación activa», ha asegurado.
El Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión se creó en mayo de 2024 con el objetivo de asesorar en la toma de decisiones de las políticas públicas competencia del Ministerio desde la perspectiva del género, particularmente aquellas orientadas a reducir la brecha de género. Además, entre sus funciones, está la de proponer iniciativas que puedan cerrar las brechas provocadas por los roles tradicionales de género que persisten.
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/