La Cámara Baja ha ratificado por unanimidad el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros mediante el que se movilizan 500 millones de euros para reforzar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y el desarrollo integral de la Ley ELA.
El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado, por unanimidad y sin ningún voto en contra, el Real Decreto Ley del Gobierno por el que se movilizan hasta 500 millones de euros para el desarrollo integral de la Ley ELA (Ley 3/2024) y se refuerza el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. El texto, que fue llevado al Consejo de Ministros por Pablo Bustinduy y elaborado desde el ministerio que dirige; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, también incorpora la creación de un nuevo grado de dependencia extrema que va a garantizar la atención personalizada 24 horas a personas con ELA o con otras enfermedades complejas irreversibles en fase avanzada.
Se trata del Grado III+, que se incorpora al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y crea el derecho a una prestación económica de hasta 10.000 euros al mes (9.860 euros). En concreto, el Gobierno de España aportará por cada paciente en el Grado III+ un total de 4.930 euros al mes, de modo que la Administración General del Estado cubrirá el 50% de la prestación máxima que podría requerir el paciente. Con esta prestación, se ofrecerá la ayuda que requieren estas personas para cuestiones tan básicas como respirar o comer, siendo apoyos imprescindibles sin los cuales habría un riesgo de muerte.
Estos casi 10.000 euros garantizados para cada paciente en fase avanzada se han calculado teniendo en cuenta que estos cuidados requieren cinco profesionales por persona. De esta forma, y a nivel anual, para cada paciente se garantiza una inversión salarial de 118.423 euros en 14 pagas. En base a ello, y ajustando esta cifra a los 12 meses del año en los que las personas beneficiarias percibirán las prestaciones, se garantiza que la aportación por paciente será de hasta 9.868,60 euros al mes.
A través de la movilización de los 500 millones de euros y la creación del Grado III+, el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia se adapta a las especificidades de las personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, garantizando la cobertura que necesitan y la financiación necesaria para ello. De esta manera, el Gobierno ha dado cumplimiento al desarrollo normativo de la Ley ELA, en tiempo y forma según lo que marca el propio texto legislativo.
Durante su intervención en el Congreso para defender la convalidación del Real Decreto Ley, Pablo Bustinduy ha destacado que esta normativa honra la labor de la sociedad civil organizada y las instituciones para garantizar el mayor bienestar posible: «En un estado de bienestar fuerte, debe ser lo público quien se adapte a las necesidades de la gente, y no al revés». En este sentido, el ministro ha puesto en valor que con la convalidación del texto se avanza en el cambio de modelo de cuidados que el ministerio de Derechos Sociales viene impulsando hacia un sistema más personalizado y cercano, centrado en las necesidades de cada persona: «Lo que estamos construyendo para España es un modelo de cuidados que garantice atención cercana y comunitaria, que cuide a las personas en función de sus necesidades y deseos y que ofrezca condiciones dignas a las personas que proveen esos cuidados», ha subrayado, al tiempo que señalaba que esta norma «es sólo un primer paso» en la transformación del sistema de cuidados, que avanzará con la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.
Respecto a la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, Bustinduy ha destacado que, con estos 500 millones de euros adicionales, la inversión en Dependencia por parte del Gobierno de España ha alcanzado este año una cifra récord de 3.729 millones de euros en total. Un dato al que debe sumarse los más de 800 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales ha transferido en esta legislatura a los gobiernos autonómicos procedentes de los fondos europeos, para que los ejecutivos de las comunidades autónomas, que son los que tienen la competencia exclusiva de ofrecer los servicios de atención a la dependencia, puedan invertir en teleasistencia, plazas residenciales, plazas no residenciales y centros de día.
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/