La ministra de Justicia, Pilar Llop, en representación del Gobierno, ha presentado y solicitado la convalidación del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la UE en respuesta a la invasión de Ucrania
El RDL, aprobado por 259 votos a favor, 2 en contra y 75 abstenciones, se encuadra en el marco de medidas adoptadas conjuntamente por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) frente a la invasión de las tropas rusas en territorio soberano de la República de Ucrania.
En su intervención, Llop ha destacado la unidad que esta agresión ha generado: «Ha provocado una ola de rechazo global a la actuación injustificable y execrable de Rusia. Rechazo en Naciones Unidas, rechazo en la Unión Europea y rechazo en España».
La titular de Justicia ha indicado que el bloqueo emprendido contra los intereses de Rusia, así como de las personas cuya situación económica ofrece una capacidad de decisión a los intereses de este país, y que están incluidas en listas elaboradas al amparo del Reglamento UE 269/2014, «no es efectivo si no se actúa también contra los testaferros».
Según Llop, «los testaferros y oligarcas deben ser las dos caras de una misma moneda; sus patrimonios e intereses económicos deben bloquearse para que se reduzca el margen con el que Rusia cuenta para prolongar este conflicto en el tiempo.»
La ministra ha matizado que si se procediese contra los testaferros con las garantías tradicionales que ofrece el ordenamiento jurídico se haría, «paradójicamente, contra los fundamentos del ordenamiento».
Por ello, Llop ha explicado que este RDL «permite congelar estos bienes dentro del tráfico jurídico con todas las garantías aun cuando estuvieran inscritos a nombre de estas personas-pantalla», con el apoyo de un informe de indicios racionales elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Así, dicho informe se comunicará al Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles quien, a su vez, lo notificará al registrador o registradora competente para que practique la nota marginal de inscripción de la prohibición de disponer.
Finalmente, la ministra de Justicia ha indicado que a través del artículo segundo del RDL se establecerán medidas para el pago de las obligaciones de la Administración Exterior, y el pago de nóminas y de servicios que se atenderán usando la liquidez en rublos de la que dispone el Consulado General en Moscú.
Fuente: la moncloa.gob.es