Quito defiende la reforma presentada la semana pasada ante la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es atraer inversión, impulsar la economía y el empleo, y combatir la minería ilegal. Sin embargo, según la CONAIE, la mayor organización social del país latinoamericano, el medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas están en riesgo.
Reducción de las protecciones ambientales y, al mismo tiempo, mayores riesgos para los derechos de las comunidades indígenas. Así analiza la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) el proyecto de ley minera presentado por el presidente Daniel Noboa. La mayor organización social del país latinoamericano considera que la propuesta sacrifica los controles ambientales para priorizar las inversiones extractivas, violando así el derecho constitucional de las comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada, reconocido también por la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos.
La nota de la CONAIE
En un comunicado, la CONAIE denuncia que la ley sustituiría las licencias ambientales por autorizaciones simplificadas, reduciendo la protección del territorio —rico en cobre, crucial para la transición energética, pero también en oro y plata, especialmente en la Amazonía— a una mera formalidad burocrática y sin garantizar procesos reales de toma de decisiones colectivas ni el consentimiento previo.
También enfatizó que la flexibilización de los controles ambientales y administrativos, en particular en lo que respecta al uso del agua, podría debilitar la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles y afectar ecosistemas estratégicos como páramos, bosques y ríos, sin abordar los problemas estructurales de desarrollo y con el riesgo de posibles tensiones sociales en los territorios. Por lo tanto, la CONAIE instó al Parlamento y al movimiento político Pachakutik, que representa al movimiento indígena, a rechazar el proyecto de ley.
La reforma deseada por Quito
En contraste, el gobierno defiende el proyecto de ley presentado el miércoles pasado a la Asamblea Nacional en Quito para su consideración: lo presentó como una reforma destinada a «atraer inversión, crear empleo, impulsar la economía y combatir la minería ilegal», según las publicaciones en redes sociales del presidente de la Asamblea, Niels Olsen.
La propuesta ha sido clasificada como urgente en materia económica y se espera una resolución en menos de un mes. La Constitución establece que el presidente puede enviar proyectos de ley clasificados como urgentes en materia económica a la Asamblea Nacional, pero estipula que, «mientras se discuta un proyecto de ley clasificado como urgente (…) no puede enviar otro, a menos que se haya declarado el estado de excepción», una medida vigente en varias provincias ecuatorianas afectadas por altos niveles de inseguridad.
Las protestas callejeras
En el pasado, particularmente en 2019 y 2022, la CONAIE se había movilizado con masivas protestas callejeras contra el descontrolado costo de vida del país y para exigir subsidios a los combustibles, una moratoria de la deuda externa y la no privatización de sectores estratégicos. Entre septiembre y octubre, la CONAIE volvió a salir a las calles para manifestarse, después de que Ecuador renovara este verano un acuerdo de 48 meses con el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de promover una serie de políticas económicas orientadas a la sostenibilidad financiera del país. Como parte del acuerdo, el gobierno de centroderecha implementó nuevos recortes de gasto, incluyendo la eliminación de los subsidios a los combustibles, el aumento del precio de la gasolina de $1.80 a $2.80 por galón (3.78 litros) y el aumento del IVA del 12% al 15% como parte de una estrategia de reducción del déficit.
Fuente: https://www.vaticannews.va/