La Guardia Civil también ha investigado a la exmujer y al hijo de ambos
El empresario se valía de empresas familiares para alquilar naves y almacenar de forma ilícita los residuos
Los trabajadores carecían de los medios de protección necesarios para manipular esta sustancia nociva para la salud
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Tremolita”, ha detenido a una persona por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro contra los derechos de los trabadores por la gestión ilegal de más de 60.000 kilos de fibrocemento desde 2018. Asimismo, también se ha investigado a la exmujer del detenido y al hijo de ambos.
La operación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una empresa podría estar realizando en una localidad de la sierra de Cádiz trabajos de retirada, manipulación trasporte y depósito de placas y tuberías de fibrocemento, el cual está catalogado como residuo peligroso careciendo de autorización administrativa para ello, incumpliendo lo dispuesto en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Este tipo de manipulaciones de residuos peligrosos requiere de la utilización de equipos de protección individual, tales como mascarillas, guantes, gafas, monos, calzas, etc., así como para su transporte y almacenamiento en vehículos y contenedores adecuados en cuanto a estanqueidad, para impedir una posible emisión de partículas de amianto, ya que la ruptura del fibrocemento libera partículas microscópicas que contienen sílice, hierro u otros minerales no degradables que actúan como cuchillas que pueden incrustarse en las vías respiratorias.
Modus operandi
El detenido utilizaba varias empresas pertenecientes a su grupo familiar para alquilar distintas naves donde realizaba el almacenamiento ilícito de fibrocemento. Una vez llenaba estas naves, dejaba de pagar los alquileres y se desentendía de ellas.
La investigación ha determinado que el empresario obligaba a los trabajadores a manipular y trasportar los residuos sin las medidas de protección necesarias requeridas para esta sustancia.
El empresario cobraba a particulares y a entidades la retirada de este material como si lo hiciera acorde a la normativa, lo que supone un precio elevado, sin embargo todo el proceso desde la retirada hasta el almacenamiento estaba planeado para ahorrar costes.
El laboratorio del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha detectado en las muestras presencia de fibras con diámetro respirable de crisolito y crocidolita, que al encontrarse en partes de placas y tubos fragmentados, pueden ser liberadas al ambiente, con el consiguiente riesgo de exposición de amianto sobre las personas.
Fuente. https://www.guardiacivil.es