El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, indica que el objetivo de este envío es «facilitar la labor de inspección y sanción» del Consistorio y «contribuir a recuperar vivienda para el uso residencial para la ciudadanía»
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado un nuevo archivo digital al Ayuntamiento de Madrid en el que se detallan las direcciones postales de 3.565 pisos turísticos ilegales ubicados en la ciudad de Madrid. La información ha sido obtenida por la Unidad de Análisis de Consumo, que ya en el mes de marzo advirtió al alcalde José Luis Martínez Almeida que, solo en la ciudad de Madrid, se anuncian en las diferentes plataformas más de 15.000 alojamientos turísticos ilegales.
En aquel momento, Consumo trasladó al Ayuntamiento que en Madrid había más de 15.000 alojamientos turísticos operando sin licencia (15.204). Los datos de Ministerio reflejaron que en la ciudad de Madrid se anunciaban un total de 16.335 pisos turísticos, cifra que contrastaba con las oficiales ofrecidas por el Consistorio, que señalan que únicamente están concedidas 1.131 licencias para este tipo de negocio.
En aquella comunicación, Consumo también facilitó al Ayuntamiento las direcciones postales de un total de 1.218 pisos turísticos ilegales. Ahora, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy da un paso más y aporta los datos postales de otros 2.347 pisos turísticos ilegales. En total, Consumo ha entregado al Ayuntamiento de Madrid las direcciones de 3.565 alojamientos turísticos ilegales para que el Consistorio pueda actuar inmediatamente, clausurar los alojamientos y, en su caso, abrir expedientes sancionadores en base a sus competencias. Estos alojamientos están incumpliendo la normativa urbanística de la ciudad de Madrid, por lo que es el Ayuntamiento la autoridad competente para su inspección y cierre. Cada uno de estos pisos turísticos ilegales va acompañado, además, de su anuncio en una de las diferentes plataformas dedicadas a su alquiler, por lo que se demuestra que actualmente están operativos.
El archivo digital remitido por la Secretaría General de Consumo y Juego va acompañado de una carta firmada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la que señala que el objetivo de este envío es «facilitar la labor de inspección y sanción» del Consistorio y «contribuir a recuperar vivienda para el uso residencial para la ciudadanía».
Colaboración entre Administraciones
«Con el ánimo de seguir colaborando con las Administraciones competentes en esta materia y ante el persistente problema que afronta la ciudad de Madrid, con más de 15.000 viviendas de uso turístico ilegales operando, desde el Ministerio les remitimos nueva información que consideramos que les puede ser de máxima utilidad si pretenden hacer frente a esta situación», señala la misiva firmada por el ministro.
Esta acción del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se enmarca en el conjunto de actuaciones que se están llevando a cabo para enfrentar la proliferación de pisos turísticos ilegales y atajar el problema de la vivienda en España. Entre ellas se encuentra la retirada por parte de Booking de más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos tras un requerimiento de Consumo y el bloqueo impuesto a Airbnb de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, que fue recientemente avalado en un primer auto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además el Ministerio de Consumo mantiene abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar publicidad ilícita; otro expediente sancionador a grandes gestoras por potenciales prácticas engañosas, así como dos expedientes sancionadores a sendas inmobiliarias por prácticas abusivas en la gestión del alquiler.
En esta línea, desde Consumo se reitera el compromiso a colaborar con cuantas administraciones sea necesario, y llevar a cabo cuantas actuaciones sean pertinentes, en el ámbito de sus competencias, para garantizar el cumplimiento de la legalidad y remover los obstáculos para el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la vivienda que asiste a la ciudadanía de nuestro país.
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/