Consideran que hay suficientes fundamentos de derecho para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos
Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes han decidido recurrir de forma parcial el nuevo Reglamento de Extranjería, con la interposición, el día 20 de enero, del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, como primer paso del procedimiento judicial.
La alianza formada por cinco organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas, tras un primer análisis del documento, valora que la normativa establece una serie de mejoras importantes y fundamentales. Sin embargo, hay aspectos relevantes demandados por estas entidades a lo largo de todo el proceso que suponen un impacto negativo en los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y que se han dejado atrás.
Entre ellas, consideran que hay suficientes fundamentos de derecho para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos. El actual Reglamento señala como concepto jurídico que el tiempo como solicitante de protección internacional no compute como tiempo de permanencia previa para solicitar una residencia por arraigo. Esto significa que si una persona migrante recibe una denegación a su solicitud de asilo deberá reiniciar su tiempo de permanencia previa –en situación irregular, en este caso– para optar a un arraigo. El recurso se centra en esta incompatibilidad, que dejaría en situación administrativa irregular a cerca de la mitad de las personas solicitantes de asilo, y se convierte en un elemento que desincentiva el ejercicio del derecho al asilo.
Por este motivo, las cinco entidades, que llevan realizando un seguimiento detallado del proceso desde que se puso en marcha y elaboraron un catálogo de propuestas concretas de mejora, han decidido dar un paso adelante con este recurso ante el Tribunal Supremo, poniendo en primera línea la importancia de que la legislación española avance de forma definitiva en garantizar los derechos de las personas en el camino hacia su inclusión como ciudadanía participante.
Fuente: https://www.caritas.es/