Cáritas Española destinará un fondo dotado con 1,2 millones de euros para apoyar a las Cáritas diocesanas en la atención, acompañamiento e integración de las personas migrantes. La decisión fue tomada durante la reunión ordinaria del Consejo, celebrada en Zamora los días 13 y 14 de marzo, como respuesta al elevado número de personas en situación administrativa irregular que llegan por distintas vías a nuestras Cáritas Diocesanas.
Esa dotación -cuyo periodo de ejecución será de 18 meses- servirá para reforzar las iniciativas de acogida comunitaria de las personas migrantes, además de los recursos y servicios asociados a su acompañamiento, apoyo jurídico y psicológico y formación sociolaboral. Se trata de poner en valor el modelo de acogida a las personas migrantes que defiende Cáritas y que está centrado en la persona, en la protección de sus derechos y de su dignidad a través del acompañamiento comunitario a medio y largo plazo.
“Con estos fondos queremos apostar y dar un impulso a la creación de espacios comunitarios que transformen el tejido social (territorio, parroquia, barrio, etc.) a través del desarrollo de procesos de integración y de espacios de convivencia intercultural que ayuden a revertir la percepción negativa de la migración”, explica Félix Miguel Sánchez Delgado, director de Acción Social de Cáritas Española.
Reactivación de la ruta migratoria
La puesta marcha de este fondo se produce tras la reactivación en julio de 2023 de la ruta migratoria del África Occidental con destino a las Islas Canarias. La ausencia de vías legales y seguras para migrar a Europa aboca a cada vez más personas a arriesgar su vida a través de esta ruta atlántica. El número de personas que está llegando desde entonces a las Islas supone el volumen más grande desde que se tiene conocimiento.
En lo que va de año Canarias ha registrado ya por vía marítima la llegada de más de 16.586 migrantes en situación irregular. Esto supone un 375% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior. Solo en El Hierro, en los últimos meses la crisis migratoria ha provocado la llegada de 8.000 personas a una población que apenas cuenta con 11.000 habitantes.
La mayor parte de estas personas proceden de distintos países del África subsahariana, como Senegal, Mali, Guinea Conakry, Bissau, Gambia, Níger o Ghana, aunque encontramos hasta una docena más de nacionalidades. La mayoría de estos países arrastran situaciones de crisis social y política y varias de estas nacionalidades tienen una alta tasa de reconocimiento como personas refugiadas por parte de la Oficina de Asilo y Refugio.
Para Juan Rognoni, director de Cáritas Diocesana de Tenerife, “es imprescindible priorizar políticas de desarrollo justo en los países de origen, así como evitar que muchas personas sigan siendo víctimas de organizaciones delictivas que se aprovechan de la desesperación y la falta de oportunidades en los países empobrecidos”.
La atención de personas migrantes llegadas a España por diferentes vías corresponde al programa de Acogida Humanitaria, que llevan adelante varias entidades del tercer sector y entre las que no se encuentra Cáritas. Este sistema contempla únicamente actuaciones en la órbita de la emergencia, con estancias en dispositivos de alojamiento, hasta un máximo de 3 meses.
“Con el marco jurídico actual, las personas migrantes que llegan a nuestro país a través de la ruta canaria – o incluso a través de nuestros aeropuertos – tiene que hacer frente a un período de años en situación irregular, con las consecuencias que eso tiene en sus condiciones de vida y disfrute de derechos”, explica Diego Fernández-Maldonado, miembro del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.
Por ello, desde hace años, Cáritas se ha constituido en una de las pocas entidades que transcurrido este período mínimo de acogida (entre 1 y 3 meses) recibe a estas personas. La gran mayoría de ellas vienen derivadas directamente desde las entidades del sistema de acogida de emergencia.
“Nuestros recursos y dispositivos a nivel confederal son claves cuando finaliza el acompañamiento de tres meses que ofrecen las entidades de acogida de emergencia en las costas. Es el momento en el cual las personas pasan a ser invisibles para el sistema dado que se ven obligadas a dejar los recursos y se convierten en personas en situación administrativa irregular y pasan a existir y ser visibles para Cáritas”, señala Félix Miguel Sánchez Delgado.
El documento FOCUS titulado “Vulneración de Derechos. Las personas en situación administrativa irregular”, publicado por la Fundación FOESSA en septiembre de 2023, señala que una de cada tres personas acompañadas por Cáritas en 2022 se encontraba en situación administrativa irregular. El número de migrantes atendidos sin permiso de trabajo o residencia aumentó un 43% con respecto a 2019.
Para reivindicar que las administraciones públicas competentes den una respuesta estructural al creciente número de personas en situación administrativa irregular, Cáritas está participando en dos procesos de incidencia en red, que buscan marcos normativos que faciliten el acceso a la regularidad.
Por un lado, participa en una red de entidades eclesiales que da seguimiento a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria de personas migrantes, actualmente en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. Por otro, participa junto con un grupo de ONG especializadas en el acompañamiento a las personas migrantes y refugiadas para flexibilizar los mecanismos que recoge el Reglamento de Extranjería para regularizar a personas que conviven con nosotros.
Derechos básicos y servicios de integración
La acción social de Cáritas con las personas migrantes y refugiadas va desde la acogida, el acceso a derechos básicos, recursos y servicios hasta el trabajo orientado a la integración. Se trata de procesos a medio y largo plazo. “La situación de nuestros centros, pisos o albergues de acogida es ahora de una ocupación del 100%. En este sentido, el periodo medio de acompañamiento que estamos brindando a muchas de estas personas que nos derivan las entidades oscila pasados los primeros meses de acogida, entre 1 y 2 años”, indica Félix Miguel Sánchez Delgado.
Para ello, Cáritas no recibe ningún tipo de ayuda, ni subvención pública estatal, y es muy escasa la financiación autonómica que se brinda para trabajar con estas personas que se quedan en situación administrativa de irregularidad. Así, Cáritas asume con fondos propios toda la intervención y el acompañamiento que estas personas necesitan.
Fuente: https://www.caritas.es/