Globalia Full Life Resort Guadalobón y Arroyo Vaquero contempla una inversión de 630 millones y la creación de más de 1.400 empleos
Institutos de enseñanza secundaria, oficinas administrativas, hospitales, instalaciones deportivas, sucursales de empleo y edificios universitarios de titularidad de la Administración andaluza necesitan anualmente para atender sus necesidades energéticas casi 1.000.000 MWh (megavatios hora) de electricidad, el equivalente al consumo eléctrico de las ciudades de Almería y Jaén en todo un año.
Una factura eléctrica que abona la Junta de Andalucía como cualquier otro consumidor de energía y que, gracias al contrato centralizado de suministro eléctrico, bajo la figura de un Acuerdo Marco, que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, ha permitido a la Administración regional ahorrar más de 40 millones de euros en su recibo de la luz en el último año, a pesar de la escalada de precios de los últimos meses.
El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto para materializar la primera prórroga del contrato centralizado que aglutina a la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y agencias de régimen especial, que fue licitado por el Gobierno andaluz durante 2019 y en el que, por primera vez en Andalucía, se exige que el 100% de la energía que se suministre a la Junta sea de origen renovable.
En total, se gestionan más de 5.000 puntos de suministro eléctrico, cuyo consumo se factura a unos precios fijos, revisables anualmente, que no se han visto influidos por las fluctuaciones que se producen en el mercado de la electricidad. La prórroga con la empresa comercializadora adjudicataria del contrato centralizado entra en vigor a partir del próximo 31 de octubre.
A modo de ejemplo, atendiendo solo al último mes, la Junta de Andalucía ha pagado por cada megavatio hora consumido 150 euros menos de lo que marca el mercado mayorista de la electricidad. Tomando como referencia los últimos cinco meses, durante los que se ha producido un fuerte incremento del precio eléctrico, la Junta ha estado pagando de media 40 euros menos por megavatio hora.
De esta manera, el Gobierno andaluz ha evitado un sobrecoste en su factura eléctrica de más de 40 millones de euros en los últimos doce meses (sin contar con el impuesto eléctrico y el IVA).
REDEJA, la Red de Energía de la Junta de Andalucía
La Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA) es un instrumento mediante el cual la Agencia Andaluza de la Energía (entidad adscrita a las consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y de Hacienda y Financiación Europea) realiza una gestión específica, profesionalizada y coordinada de los recursos energéticos de toda la Junta de Andalucía.
Actualmente cuenta con más de 100 entidades adheridas que comprenden todos los centros de consumo de la Administración General de la Junta y la totalidad de sus entidades instrumentales, los consorcios y otras entidades públicas que, de forma voluntaria, suscriben convenios de adhesión. Entidades con infraestructuras, tamaños y consumos eléctricos muy diferentes que abarcan desde grandes consumidores, como los complejos hospitalarios, hasta los más pequeños como una oficina de empleo.
De todos los servicios que presta REDEJA, entre los que se encuentra el asesoramiento para la realización de inversiones en equipamientos e infraestructuras en los centros públicos de la Junta de Andalucía, la elaboración de estudios sectoriales y la asesoría directa a los centros de consumo en lo relativo a los parámetros de contratación y condiciones técnicas de sus suministros energéticos, el que permite un mayor ahorro económico y energético en la factura eléctrica de la Junta es la centralización en un solo contrato de todos los suministros eléctricos. Esto ha permitido obtener una visión global de la demanda y un conocimiento detallado de las curvas de carga y las necesidades eléctricas de cada uno de los edificios e instalaciones.
El actual contrato centralizado (Acuerdo Marco) de la Junta de Andalucía, que entró en vigor en octubre de 2019 y que se ha prorrogado hasta octubre de 2022, exige, por primera vez, energía verde con certificado de garantía de origen 100% renovable para toda la Administración regional, lo que ha obligado a la comercializadora adjudicataria a comprar electricidad a productores de energía renovable. Esto redunda en una disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera que, según las estimaciones realizadas por la Agencia Andaluza de la Energía, será de unas 500.000 toneladas anuales, que equivalen al consumo de más de 270.000 viviendas durante un año.
Se trata de un ejemplo del esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía para materializar su compromiso de luchar contra el cambio climático, impulsando una política energética basada en el aprovechamiento de los abundantes recursos renovables con los que cuenta Andalucía, dentro de la «Revolución Verde» que está llevando a cabo el actual Ejecutivo.
Fuente: www.juntadeandalucia.es