El Gobierno nacional avanza en su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública mediante el proyecto de ley ‘Acuerdo Nacional por la Educación Superior’, radicado el pasado 3 de septiembre de 2024 ante el Congreso de la República.
Esta iniciativa busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para establecer un modelo de financiamiento que garantice recursos adecuados y sostenibles para las universidades públicas y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales.
El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, destacó la importancia de esta reforma durante el programa institucional Entérese del Cambio, afirmando: “Tenemos en el Congreso de la República un proyecto de ley muy importante que es la reforma al artículo de la Ley 30, que va a permitir que lo que hoy estamos haciendo como Gobierno, que es asignar más recursos para las instituciones públicas del país, sea nuevamente una ley y no sea reversible».
Moreno resaltó que el presupuesto para educación podría alcanzar este año los 80 billones de pesos, una cifra histórica para el país. Además, explicó que la meta del Gobierno es lograr que la inversión en educación pública supere el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años, acercándose así a modelos exitosos como el de Alemania.
¿Qué propone el proyecto de ley?
Un ajuste presupuestal realista: los recursos destinados a las instituciones públicas se calcularán con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según el que sea mayor.
Incremento progresivo de la inversión: se propone que la financiación de la educación superior pública aumente gradualmente hasta alcanzar el 1% del PIB en los próximos 15 años.
Expansión de la oferta educativa: se priorizará la apertura de programas académicos en más de 800 municipios que actualmente carecen de instituciones de educación superior.
Mejores condiciones para docentes y estudiantes: se fortalecerá la planta docente y se implementarán medidas para mejorar el bienestar universitario, incluyendo protocolos efectivos contra la violencia de género.
La aprobación de este proyecto representará un paso fundamental para asegurar el desarrollo y fortalecimiento del sector educativo en Colombia. Su éxito dependerá del respaldo ciudadano y del debate legislativo en el primer periodo del 2025.
Fuente: https://www.presidencia.gov.co/