El Grupo Municipal VOX Málaga llevará a la Comisión de Medio Ambiente una moción para instar al equipo de gobierno a revisar la Zona de Bajas Emisiones, al considerar que ya no existe una justificación medioambiental que avale las restricciones impuestas a los ciudadanos. La iniciativa plantea abrir un debate que, según VOX, el Partido Popular ha evitado durante años y reclama el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que cuestiona parte de la ordenanza.
La portavoz adjunta del Grupo Municipal VOX Málaga, Yolanda Gómez, ha defendido que la formación mantiene la misma posición desde el inicio de la implantación de la ZBE.
«Siempre hemos defendido que la Zona de Bajas Emisiones supone una restricción injustificada de derechos y libertades fundamentales como la libertad de circulación, la propiedad privada, la libertad de empresa o la libertad económica. Son derechos que no pueden verse limitados por decisiones políticas que terminan perjudicando a trabajadores, autónomos, familias y pequeños empresarios», ha señalado.
VOX cuestiona el cambio de discurso del equipo de gobierno
VOX ha recordado que el equipo de gobierno del PP defendió durante años la implantación de la Zona de Bajas Emisiones alegando motivos de salud pública y la necesidad de reducir la contaminación. Sin embargo, la formación considera que el propio Ayuntamiento ha modificado ese discurso.
Para Gómez, «el Partido Popular justificó esta medida como imprescindible para proteger la salud de los malagueños. Sin embargo, ahora tanto el alcalde como la concejala de Movilidad reconocen públicamente que Málaga disfruta de una buena calidad del aire. Si la calidad del aire es buena, queda en evidencia que la verdadera finalidad de esta medida no es ambiental, sino recaudar y sancionar a miles de ciudadanos».
Los datos oficiales, eje de la moción
La moción pone el foco en los informes medioambientales elaborados por el propio Ayuntamiento, así como en las mediciones oficiales de la Junta de Andalucía y en los parámetros establecidos por la normativa europea.
Según expone VOX, los contaminantes analizados, partículas PM2,5, PM10 y dióxido de nitrógeno, presentan valores que, de acuerdo con los datos oficiales, se mantienen dentro de los niveles considerados compatibles con una buena calidad del aire.
«Los propios informes municipales reflejan que Málaga no supera los límites fijados por la normativa europea ni por la legislación estatal. No describen una ciudad con un problema de contaminación, sino una ciudad con una calidad del aire buena e incluso excelente en la mayor parte de las mediciones realizadas», ha explicado la portavoz adjunta.
Asimismo, VOX sostiene que los episodios puntuales registrados en las partículas PM10 obedecen principalmente a fenómenos naturales, como la polinización o la presencia de sal marina, y no al tráfico rodado.
Una ordenanza «incoherente» desde el punto de vista ambiental
La formación también critica que la aplicación de la ordenanza establezca diferencias entre vehículos con las mismas características únicamente en función de si están domiciliados o no en Málaga.
«Si el problema fuera realmente la contaminación, todos los vehículos idénticos recibirían el mismo tratamiento. Sin embargo, se sanciona a vehículos de fuera de Málaga mientras otros con las mismas características pueden circular libremente. Un coche no contamina más o menos dependiendo del lugar donde esté empadronado su propietario», ha señalado Gómez.
A juicio de VOX, esta circunstancia evidencia que el criterio aplicado no responde a razones estrictamente medioambientales.
La moción concluye reclamando al equipo de gobierno que asuma las conclusiones de los informes oficiales y actúe en consecuencia.
«Pedimos al Partido Popular que reconozca lo que dicen sus propios informes y los datos oficiales: que Málaga tiene una buena calidad del aire y que, por tanto, no existe una justificación medioambiental imperiosa para mantener estas restricciones. También exigimos que deje de utilizar la Zona de Bajas Emisiones como una herramienta recaudatoria, acate la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ejecute sus efectos y ponga fin a unas sanciones que nunca debieron imponerse. En un Estado de Derecho las sentencias se cumplen, no se sortean», ha concluido Yolanda Gómez.
Fuente: https://www.voxespana.es/