La formación reclama el endurecimiento de las penas por usurpación, dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mayores medios en la lucha contra la okupación ilegal, y agilizar el proceso de desahucio
«Haremos todo lo posible para que los españoles recuperen en un segundo sus hogares ocupados». Estas eran las palabras del presidente Nacional de VOX, Santiago Abascal, hoy por la mañana. A medio día, VOX registraba una iniciativa en el Senado para blindar a los propietarios ante un problema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, y que el Ejecutivo niega sistemáticamente argumentando que se debe a “los bulos y la desinformación”.
Y todo ello mientras aumenta, en paralelo, la actividad de las organizaciones o grupos criminales que se dedican a la okupación ilegal de propiedades ajenas como forma de vida, ya sea directamente a través de lo que se conoce como «patada en la puerta» o mediante el incumplimiento de un contrato previo, lo que se ha dado en conocer como «inquiokupación».
La moción de VOX, registrada en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, tiene en cuenta los «obstáculos que desde el Gobierno se han interpuesto para recuperar una vivienda okupada, mediante la suspensión de desahucios y otras medidas que hacen que los propietarios desistan de iniciar procedimientos que se alargan sine die, y que tienen un coste muy elevado e inasumible para los mismos».
La formación que lidera Santiago Abascal ha identificado el problema para conocer la verdadera dimensión de la ocupación, que reside «en que las estadísticas oficiales son muy parciales». Consecuencia, advierte VOX, de la «clara desgana en denunciar okupaciones ante la inactividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante estos hechos, pues sus posibilidades de actuación son mínimas salvo en los casos de allanamiento, y porque únicamente se refiere a actuaciones que pueden dar origen a un procedimiento penal».
Y por ello, solicita en su moción agilizar los procedimientos penales frente a la ocupación ilegal, dotando de mayores medios y herramientas legales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desalojar inmuebles ilegalmente ocupados.
Es por ello que el partido solicita en su iniciativa impulsar la creación de estadísticas oficiales que recojan en toda su dimensión el problema de la okupación ilegal de viviendas, incluyendo un registro de datos históricos de zonas afectadas por este fenómeno y que faciliten el seguimiento pormenorizado de los que se produzcan.
Insoportable inseguridad jurídica
VOX advierte también de que el «problema del acceso a la vivienda no puede trasladarse de la Administración Pública a los propietarios», en muchos casos familias vulnerables y ancianos «que tenían en una vivienda puesta en alquiler un ingreso con el que subsistir y que la okupación les arrebata». Un drama que se incrementa con la promulgación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, cuya Disposición Final Quinta consagra la inquiokupación prescindiendo de solventar los perjuicios que tiene para los propietarios y creando una «insoportable» inseguridad jurídica.
En definitiva, «deben adoptarse medidas desde una doble vertiente: penal, endureciendo las penas por usurpación y dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mayores medios en la lucha contra la ocupación ilegal; y civil, agilizando el proceso de desahucio de okupas y ampliando tanto el objeto como los sujetos amparados bajo este procedimiento más rápido de recuperación de inmuebles».
Así, VOX propone en su iniciativa una serie de reformas legislativas con el objetivo de establecer políticas de defensa de la propiedad privada. En concreto, endurecer las penas establecidas para el delito de usurpación, crear un tipo específico para las bandas organizadas que llevan a cabo estos delitos, y acelerar el proceso de desalojo de okupas.
Desahucio en 48 horas y asistencia a víctimas
También solicita garantizar el desahucio de quienes ocupen ilegalmente una vivienda en menos de 48 horas, y ampliar la legitimación activa a las comunidades de propietarios entre los sujetos legitimados para instar estos procedimientos de recuperación inmediata de la propiedad. Incorpora también la prohibición para que que los okupas no puedan empadronarse en una vivienda okupada, y eximir a los propietarios de inmuebles okupados ilegalmente del pago del IBI durante el periodo de okupación ilegal del inmueble.
VOX aboga por cesar la prórroga o ampliación de la suspensión de desahucios y abstenerse en un futuro de facilitar la ocupación ilegal de viviendas y la inquiokupación. Y dejar sin efecto cualquier medida en vigor que facilite este fenómeno como es el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero.
Por último, se propone el estudio de la creación de un servicio de asistencia integral a las víctimas de la ocupación ilegal de sus viviendas.
Fuente: https://www.voxespana.es/