La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, ha reclamado más autonomía para que el Ministerio Fiscal asuma con éxito la dirección de la investigación penal, que se atribuye a la Fiscalía en el Proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal actualmente en trámite en el Congreso.
En su discurso durante el Acto de Apertura del Año Judicial 2026, presidido por el Rey Felipe VI en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, Peramato ha defendido que esa mayor autonomía “incrementará nuestra apariencia de imparcialidad y fortalecerá la confianza de la ciudadanía en la Justicia”. Peramato ha pedido plena autonomía organizativa y autonomía reglamentaria, autonomía formativa y también presupuestaria, que “es una pieza clave en todo este diseño. El Ministerio Fiscal precisa contar con recursos propios y poder gestionarlos”.
También ha solicitado la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuyo proyecto es “un importante paso adelante y una apuesta valiente”. La reforma desvincula el mandato de la persona titular de la Fiscalía General de la duración del Gobierno que lo nombró y atribuye capacidad de veto a la Junta de Fiscales de Sala, mediante una mayoría cualificada, sobre algunas decisiones del o de la Fiscal General.
Peramato ha insistido en que “la atribución de la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal “no constituye una reivindicación corporativa. “La experiencia comparada demuestra que los sistemas más avanzados de nuestro entorno jurídico atribuyen al Ministerio Público un papel protagonista en la investigación de los delitos, bajo el control y garantía de un juez imparcial encargado de velar por los derechos fundamentales”, ha dicho.
Mensaje a los ceutíes y a los afectados por los incendios
En el inicio de su discurso, la Fiscal General ha trasladado un mensaje de reconocimiento y solidaridad a los ciudadanos de Ceuta, que tras la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio “ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras”.
Además, ha tenido un recuerdo para los afectados por los incendios forestales que se han producido en distintas zonas de nuestro país durante el verano: “Quiero expresar mi solidaridad con las víctimas y mi reconocimiento a los profesionales y personas voluntarias que han participado en las labores de prevención y extinción.”
Relevancia de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico
Peramato ha hecho referencia a la relevancia que reviste la actuación del Ministerio Fiscal en la lucha contra la corrupción, “fenómeno que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones, distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos y compromete los principios de integridad y servicio al interés general que deben presidir toda actuación pública. La investigación y persecución de estas conductas exige del Ministerio Fiscal el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo”.
También ha destacado que el narcotráfico sigue constituyendo “una de las principales amenazas para la seguridad y el Estado de Derecho, debido a la creciente capacidad económica, sofisticación e internacionalización de las organizaciones criminales que operan en este ámbito”. La Fiscal General ha recordado que esta realidad adquiere una especial intensidad en el Campo de Gibraltar, y ha recordado a los guardias civiles que perdieron la vida en Barbate en 2024 y Huelva en 2026.
Peramato ha abogado por “impulsar investigaciones patrimoniales y financieras para identificar las estructuras económicas de estas organizaciones criminales y privarlas de los beneficios obtenidos mediante su actividad ilícita”.
La Fiscal General ha defendido el trabajo de la Fiscalía y de los casi 3.000 miembros de la Carrera Fiscal, “hombres y mujeres altamente cualificados” cuya actuación “se rige por los principios de legalidad e imparcialidad y sus decisiones están sometidos al criterio último de los tribunales. Sus dictámenes y escritos procesales se fundamentan únicamente en criterios jurídicos”.
Peramato ha dicho que vivimos en una sociedad caracterizada por una creciente demanda de transparencia, “pero transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad”. “En ocasiones se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos en los que intervenimos. Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos, con sujeción exclusivamente a la Ley”, ha señalado.
La protección de las víctimas, prioridad de la Fiscalía
Teresa Peramato ha hecho referencia a también a la lucha contra la violencia de género. De las 50 mujeres víctimas de feminicidio registradas en 2025, únicamente 11 habían presentado denuncia previa. Además, 40 menores quedaron huérfanos como resultado de esta violencia. “Estos datos reflejan una realidad insoportable que interpela a toda la sociedad. Resulta imprescindible seguir reforzando todos los mecanismos de prevención, detección, protección y asistencia a las víctimas, creando las condiciones necesarias para que puedan denunciar con seguridad, confianza y la certeza de que encontrarán una respuesta institucional eficaz”, ha destacado.
Por último, ha expuesto una de las prioridades del Ministerio Fiscal, la protección a las víctimas: “Durante mucho tiempo los sistemas penales se centraron casi exclusivamente en el delito y en su autor. Hoy sabemos que una Justicia verdaderamente moderna exige situar también a las víctimas en el centro de la respuesta institucional”.
“La protección de las víctimas no es una cuestión accesoria”, ha insistido la Fiscal General, sino que es “una exigencia derivada de la dignidad humana. Es, por supuesto, una obligación legal. Y es un deber ético de todo Estado democrático y de sus servidores.”
Esta perspectiva no es incompatible, ha dicho, “con las garantías procesales ni con la presunción de inocencia. Su finalidad es comprender mejor la realidad de las víctimas, facilitar su acceso a la justicia y evitar que el proceso judicial añada un sufrimiento innecesario”.
Evolución de la criminalidad
Peramato ha presentado en este acto la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado en cumplimiento de la exigencia legal del artículo 9 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y del artículo 181.3 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.
La Fiscal General ha expuesto los datos más relevantes de este documento que recopila la actividad del Ministerio Fiscal en 2025, muestra la evolución de la criminalidad y las propuestas de reforma para una mayor eficacia de la Justicia, además de recopilar la actividad de las Fiscalías territoriales, las Fiscalías especiales y las Áreas especializadas.
Durante el año 2025 se incoaron un total de 1.770.201 diligencias previas, lo que representa un incremento del 4,9 % respecto del ejercicio anterior, en el que se registraron 1.687.743, y supera asimismo el crecimiento del 1,4 % observado en 2024 en comparación con 2023.
En lo que atañe a la tipología delictiva que dio origen a estas actuaciones, se mantienen las tendencias observadas en ejercicios anteriores. Los delitos contra la vida y la integridad física continúan constituyendo el grupo delictivo más numeroso, al representar el 32 % del total de las diligencias incoadas, mientras que los delitos contra el patrimonio alcanzan el 21 %, porcentajes muy similares a los registrados en 2024.
Peramato ha destacado el constante crecimiento de la delincuencia cometida a través de redes y sistemas informáticos, que durante 2025 llegó a representar el 19,85 % del total de las infracciones penales registradas en nuestro país. Especial preocupación suscita el incremento de conductas ilícitas desarrolladas en entornos digitales, en particular las que atentan contra la libertad sexual.
En cuanto a los menores, la Fiscal General se ha referido también a la evolución preocupante de la delincuencia juvenil. Entre las conductas que suscitan mayor preocupación se encuentran la violencia intrafamiliar, los delitos de lesiones o las agresiones contra la libertad sexual.
En el acto, celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal, ha intervenido también la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.
Han asistido miembros del Gobierno, encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la alta magistratura del país y responsables políticos, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
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