Premio Sájarov 2026 a la Corte Penal Internacional
RedacciónLectura 5 min
La decisión de la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo premia a los jueces de La Haya, nuevamente afectados por las duras sanciones de la administración Trump. Se trata de una señal política en defensa de la justicia global, que se suma al Premio Nobel de la Paz otorgado a Navi Pillay, exjueza de la CPI. Von der Leyen: “La Corte debe tener la libertad de cumplir su misión de forma independiente, sin presiones ni intimidaciones”
La Corte Penal Internacional (CPI) y sus jueces han sido galardonados con el Premio Sájarov 2026 a la Libertad de Conciencia. Esta noticia reviste una profunda importancia geopolítica, especialmente tras las duras sanciones impuestas al órgano judicial con sede en La Haya por el presidente estadounidense Donald Trump. La nominación al premio fue hecha por el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, que reconoce a la Corte como un verdadero “símbolo de resistencia a las guerras de la administración estadounidense”. En la votación final, la Corte superó a otros candidatos, entre ellos el defensor de los derechos humanos en Tanzania, Tundu Lissu.
Tener voz
“Celebro el Premio Sájarov otorgado a la Corte Penal Internacional. Para las víctimas de los crímenes más graves del mundo, la justicia significa tener voz”, escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las redes sociales, comentando la asignación del premio. “La Corte debe tener la libertad de cumplir su misión de forma independiente, sin presiones ni intimidaciones. Europa apoya firmemente a la presidenta Tomoko Akane, a los jueces y funcionarios de la Corte, y su labor fundamental por un mundo regido por las reglas”, añadió von der Leyen.
Al servicio de la justicia y de las víctimas
La presidenta Tomoko Akane, al agradecer al Parlamento Europeo la asignación del premio, recordó que “este reconocimiento llega en un momento en que la Corte y sus funcionarios se enfrentan a desafíos sin precedentes, incluidas sanciones destinadas a socavar su mandato judicial. En este contexto, el Premio Sájarov adquiere una importancia particular, reafirmando la relevancia de las instituciones judiciales independientes y de quienes trabajan para defender el derecho internacional”. El premio, subrayó la presidenta del Consejo de Jueces de La Haya “pone de relieve la importancia de la cooperación y el apoyo internacionales continuos para que la Corte pueda cumplir su mandato de forma independiente e imparcial, al servicio de la justicia y de las víctimas de los crímenes más graves”.
En defensa de la justicia global
La asignación del Premio Sájarov no es un hecho aislado, sino que forma parte de un marco global de firme apoyo a las instituciones de justicia internacional. Hace tan solo unos días, el 9 de octubre, el Comité noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay, una de las figuras históricas y centrales de la Corte Penal Internacional, donde ejerció como jueza entre 2003 y 2008. Así, este doble galardón adquiere una importancia extraordinaria en una época marcada por guerras, resurgimientos nacionalistas y ataques abiertos a la diplomacia. La comunidad internacional ha optado por unirse en torno a la Corte de La Haya, legitimando su papel como baluarte universal contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos.
Principales funciones de la Corte
Establecida en 2002 en virtud del Estatuto de Roma, la CPI es el primer tribunal internacional permanente con potestad para juzgar a los responsables de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que resuelve controversias entre Estados, la CPI tiene funciones muy específicas: investigar, juzgar y condenar a los autores y mandantes de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de agresión. Su jurisdicción complementa la de los tribunales nacionales, es decir, solo cuando los Estados no pueden o no quieren proceder.
Las grandes batallas de la CPI
En los últimos años, la Corte Penal Internacional de La Haya se ha visto envuelta en violentas crisis geopolíticas, librando batallas legales sin precedentes, como cuando, el 21 de noviembre de 2024, emitió por unanimidad una orden de arresto internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa israelí Yoav Gallant por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el uso del hambre como arma bélica. También ha actuado contra altos funcionarios de Moscú, comenzando con el presidente Putin, por la deportación ilegal de niños ucranianos en 2023, además de las históricas sentencias sobre los crímenes en Ruanda (en las que la propia Navi Pillay fue pionera en el reconocimiento de la violación como instrumento de genocidio) y las investigaciones sobre los crímenes contra los rohinyá en Myanmar.
Las sanciones de Washington
El reconocimiento de Estrasburgo se produce tras una presión política y económica sin precedentes por parte de Washington. El enfrentamiento directo culminó con la firma por parte de Donald Trump de la Orden Ejecutiva 14203, que impuso duras sanciones contra la institución internacional para bloquear las investigaciones sobre personal estadounidense y países aliados, principalmente Israel. Las medidas restrictivas se implementaron en dos fases distintas: la primera, de carácter individual, en febrero de 2025, contra 17 figuras clave dentro del órgano judicial, incluyendo al fiscal jefe Karim Khan y a la presidenta Tomoko Akane. Se les impuso una prohibición total de visado para Estados Unidos y una congelación total de activos, incluyendo el bloqueo de tarjetas de crédito y redes financieras globales. La segunda fase tuvo lugar apenas unas horas antes de que Navi Pillay recibiera el Premio Nobel, cuando la administración estadounidense extendió las sanciones a toda la CPI como entidad jurídica. La orden prohíbe todas las transacciones comerciales con la Corte y afecta a proveedores externos, amenazando con aislar a la Corte de software e infraestructuras informáticas vitales, al tiempo que permite un período de gracia de 180 días para el cierre de operaciones mínimas.
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