Según datos del Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), que analiza estadísticas sobre guerras en los cinco continentes, este país asiático es el lugar más violento del mundo
Myanmar es el lugar más violento del mundo, según los datos publicados por el Armed Conflict Location and Event Data Project, el Proyecto de Datos sobre Localización y Sucesos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), una organización internacional independiente y sin ánimo de lucro que recopila, clasifica y analiza datos sobre conflictos en todos los países y territorios del mundo.
El conflicto civil, que comenzó en febrero del 2021 cuando el ejército derrocó al Gobierno elegido democráticamente, se ha cobrado la vida de al menos cincuenta mil personas, entre ellas al menos ocho mil civiles, y ha desplazado a unos dos millones trescientos mil personas (datos de la ONU), según ACLED. Es un conflicto que el Papa Francisco no deja de mencionar en sus llamamientos por la paz: «No olvidemos Myanmar y tantos países que están en guerra», pidió en su última audiencia del 12 de junio.
Operación 1027
Como recuerda la agencia de noticias Fides, aunque el amplio frente de resistencia ha logrado importantes éxitos en las zonas fronterizas (también estratégicas para el comercio), el centro de Myanmar y las principales ciudades siguen siendo bastiones de los militares del régimen.
Siete meses después de la tristemente célebre «Operación 1027», un ataque de la Alianza de las Tres Hermandades y sus aliados, el conflicto sigue siendo sangriento. La Operación 1027 tuvo el efecto de capturar docenas de lugares clave, forzando la rendición de unos cuatro mil soldados. La ofensiva se extendió desde el estado de Shan al de Karenni, y después al de Arakan y a los estados de Kachin, Chin y Karen.
La oposición al régimen, fragmentada
Según un análisis realizado por Myanmar Peace Monitor, citado de nuevo por la agencia Fides, la resistencia ha logrado éxitos estratégicos pero no cuenta con una alianza coordinada bajo el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) como muchos esperaban. Es decir, el frente de la oposición al régimen está fragmentado entre las Fuerzas Populares de Defensa (FDP), y las organizaciones armadas étnicas que siguen luchando con el único interés unificador de derrocar a la Junta. No existe una estructura de mando coordinada ni un acuerdo político sólido.
En los últimos meses las fuerzas de la resistencia han tomado cincuenta y cinco ciudades, pero la afirmación de que los militares controlan menos del 40% del país parece una distorsión de la realidad: de hecho, el centro de Myanmar, desde el delta del Irrawaddy hasta Mandalay, sigue bajo el firme control de la junta. En Naypyidaw, Yangon, Mandalay y las principales ciudades, la vida es «normal», aunque el suministro eléctrico esté bajo mínimos.
Crisis económica y aumento de la pobreza
La persistencia del conflicto tiene graves repercusiones en la economía y en el aumento de la pobreza. En el último Myanmar Economic Monitor, el Banco Mundial predijo que el producto interior bruto de Myanmar crecerá sólo un 1% en el ejercicio que finaliza en marzo del 2025.
La situación ha empeorado considerablemente en el último año, desde que la junta tomó el control de muchos de los pasos fronterizos más importantes del país y de las rutas comerciales terrestres hacia China, Bangladés e India. Según el informe, los desplazamientos, la pérdida de empleos y de ingresos han aniquilado gran parte de los avances anteriores en la reducción de la pobreza, lo que indica «unas perspectivas económicas muy débiles, con poco respiro para las familias de Myanmar a corto y medio plazo».
Además, el plan de reclutamiento obligatorio, anunciado por la Junta en febrero en un intento de reponer las cada vez más mermadas filas del ejército, «ha intensificado la emigración a las zonas rurales y al extranjero, ampliando la escasez de mano de obra en algunos sectores de la economía», afirmó.
Desde el golpe del 2021, la comunidad internacional ha impuesto sanciones económicas para limitar la capacidad de los generales militares de enriquecerse con los recursos naturales y las empresas bajo su control, pero los militares eluden las sanciones vendiendo madera, incluso de contrabando, principalmente a India y China.
La mala gestión de la economía por parte del ejército ha provocado una crisis económica para gran parte de la población, haciendo que los índices de pobreza se dupliquen de aquí a marzo de 2020. Como afirma el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, casi la mitad de la población vive ahora en la pobreza y las poblaciones rurales corren el riesgo de morir de hambre a medida que el ejército impone más restricciones de acceso a las zonas afectadas por la violencia y el conflicto.
Para agravar la situación, se han bloqueado importantes rutas de suministro y vías fluviales en todo el país, lo que impide a los trabajadores humanitarios llegar a diecisiete millones seiscientas mil personas necesitadas.
Fuente: https://www.vaticannews.va/