La causa general o “causa general de la revolución marxista” es el procedimiento judicial que se siguió tras finalizar la guerra en el que los juzgados instruyeron los delitos cometidos como consecuencia del proceso revolucionario que acabó con la Segunda República, provocó un alzamiento militar seguido por media España y una triste guerra civil. Lamentablemente, las izquierdas iniciaron una deriva revolucionaria desde 1934 con el objetivo de alcanzar la “dictadura del proletariado” mediante la violencia revolucionaria, que se incrementó desde febrero de 1936 hasta el asesinato del líder de la oposición, don Jose Calvo Sotelo.
La causa general no juzga sin embargo los delitos y represalias cometidas por el bando vencedor. De ahí que muchos autores consideren esta causa general como una forma de legitimar el nuevo régimen que se instaura tras la guerra civil.
La normativa de memoria histórica considera en cambio ese proceso revolucionario como un proceso legítimo y democrático que fue frustrado por un golpe de Estado militar, del cual se considera como víctimas a todos los españoles que se encontraban en el bando de las izquierdas, incluidos quienes fueron condenados a la pena de muerte por la comisión de gravísimos crímenes. Precisamente por esa visión de la II República y la Guerra Civil, en el cementerio de San Bernabé existe una placa con los nombres de las personas del bando marxista que fallecieron en la guerra civil o fueron fusilados como consecuencia de los delitos cometidos en el que se manifiesta la “solidaridad y fraternidad de la Segunda República”, valores que no se ajustan precisamente a los hechos investigados por daños materiales en Marbella en la causa general que se pasan a comentar.
En el caso de Marbella, la instrucción llevada a cabo por los daños materiales provocados por el bando marxista se refieren al saqueo de la Iglesia parroquial (actual Iglesia de la Encarnación), profanándola y llevándose objetos de valor u finalmente quemándola. También se saquearon y profanaron según la causa general la ermita de Santo Cristo, las capillas de los hospitales de San Juan de Dios y de Bazán, las ermitas del Calvario, Guadalpín y del Cano, además de la Iglesia Parroquial auxiliar de San Pedro Alcántara, que también quemaron.
Los saqueos e incendios se extendieron a viviendas como la casa de don Juan Lavigne, el Casino de la ciudad (actual Casino de Marbella) que también fue saqueado e incendiado, hundiéndose el tejado y quedando solamente los muros. También se saqueó según la causa, la casa de don Cristobal Luna que fue asesinado y la casa de la recaudación de contribuciones. También se quemó e incendió la casa de la mina del Peñoncillo, propiedad de don Rafael Pariente, así como se saqueó la casa de la finca “caballero”, se saquearon los muebles de la finca “Artola” propiedad de don Jorge Petersen que fue asesinado, se destruyeron los muebles del cura párroco, se saqueó y destruyó la casa de don Jose del Moral que fue asesinado y de la ermita de la Concepción.
Entre las personas sospechosas de participación en estos delitos se cita a Miguel Martín Nieto, que al parecer se encuentra en Francia durante la instrucción de la causa. Jose Ruiz Martín, alcalde de la ciudad, que también se encontraba en Francia, Esteban Guerrero Gil, que se encontraba en la prisión provincial de Málaga así como Jose Añón Fernandez, que se encuentra en la cárcel de Burgos. Se manifiesta que tomaron parte ciudadanos de Marbella y de fuera de Marbella, muchos de los cuales han sido ejecutados, otros en prisión y otros huidos en el extranjero. Finalmente, se cita como otros de los responsables a Manuel Becerra Villalba, que se encuentra en la Cárcel Provincial de Málaga.
Todas las personas que fueron ejecutadas por la comisión de delitos en la ciudad de Málaga, en la actualidad tienen sus nombres en un mausoleo de mármol blanco porque se les considera por parte del ayuntamiento de Málaga como “víctimas de la guerra civil”.
