La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participó en el Consejo Consultivo de Política Pesquera y Agrícola para Asuntos Comunitarios, donde afeó a Madrid que responda con una comisión de estudio «centralista» que mueve cero euros en apoyos directos
La conselleira do Mar, Marta Villaverde participó hoy en el Consejo Consultivos de Política Pesquera y Agrícola para Asuntos Comunitarios, preparatorios para el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea de 13 de julio. En la reunión, celebrada por videoconferencia, la responsable autonómica aprovechó este foro de interlocución directa para trasladar su firme rechazo ante el enfoque centralista adoptado por el Gobierno central en su último decreto de urgencia.
En concreto, la titular de Mar centró sus críticas en la Disposición Adicional Octava del Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio. Villaverde denunció que esta medida constituye una flagrante invasión de competencias en materia de ordenación marisquera. También censuró que el Ministerio pretenda «tutelar» la gestión ambiental del litoral desde Madrid a través de un Comité de Asesoramiento que relega a un papel secundario al Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) y a las universidades gallegas, ignorando de forma consciente que la comunidad ya posee una de las redes de control oceanográfico más avanzadas de Europa.
Del mismo modo, la conselleira do Mar tachó la respuesta del Gobierno central de «puramente burocrática» y lo acusó de meter «con calzador» las consecuencias climatológicas sufridas por el sector gallego dentro de un plan motivado por la crisis internacional de Oriente Medio, todo para justificar un pacto político de investidura sin acercar ninguna solución real.
Marta Villaverde lamentó profundamente que este mandato movilice «cero euros» para los profesionales del mar en Galicia, lo que supone una discriminación arbitraria frente a otras comunidades autónomas donde el Gobierno central sí tuvo la diligencia de movilizar fondos y ayudas directas por el impacto de los temporales.
Mientras la Administración autonómica tiene que asumir en solitario y con fondos propios las medidas de apoyo al sector y a las personas mariscadoras afectadas por la paralización de la actividad extractiva, el Gobierno central se limita a encargar informes, por lo que Galicia exigió que se respalde de verdad al sector en igualdad de condiciones que al resto del Estado.
Fuente: https://www.xunta.gal/