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Martes, 27 de octubre de 2026
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Derecho

El Supremo reconoce 35.000 euros a la esposa de un paciente por falta de información sobre una vasectomía fallida

RedacciónLectura 2 min

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de la pareja de un paciente sometido a una vasectomía fallida a reclamar una indemnización propia cuando no se informó adecuadamente del riesgo de fracaso de la intervención. En el caso resuelto, fija 35.000 euros para cada miembro del matrimonio, más intereses legales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso de un matrimonio tras una intervención realizada en un centro sanitario público de Madrid. Una recanalización espontánea de los conductos deferentes provocó el fracaso de la esterilización y un embarazo no previsto.

Un daño propio de la pareja

La Administración y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid habían reconocido el déficit de información y la indemnización al paciente, pero rechazaron la reclamación de su esposa por falta de legitimación activa.

El Supremo distingue entre el derecho al consentimiento informado, que corresponde de forma personal al paciente, y las consecuencias de su vulneración. La falta de información sobre el riesgo de recanalización impidió a ambos tomar decisiones informadas sobre planificación familiar y otros métodos anticonceptivos.

Por ello, la Sala reconoce un perjuicio autónomo e individualizado para la mujer. Su legitimación no nace de compartir el derecho al consentimiento informado, sino del daño propio causado por la omisión.

La doctrina no convierte todo fallo en indemnización automática

El criterio se refiere a supuestos de omisión de información relevante sobre el riesgo de fracaso y a los perjuicios propios derivados de esa omisión. La noticia no establece una indemnización automática por cualquier vasectomía que no logre su objetivo.

La sentencia 1174/2026, de 21 de octubre, fue dictada por la Sección Quinta de la Sala Tercera. El Poder Judicial informó de ella el 26 de octubre.

Imagen: gráfico original de El Veraz.

Fuente: Poder Judicial, 26 de octubre de 2026.

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