Advierte en el Parlamento de la existencia de una “bolsa de asuntos sin señalar” que podría saturar la agenda judicial hasta finales de 2025. En los partidos judiciales de Granadilla de Abona y de San Bartolomé de Tirajana, la tutela judicial efectiva “es una entelequia”, asevera el magistrado
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, ha afirmado hoy ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias que los órganos judiciales de las Islas acumulan una bolsa de asuntos en trámite pendiente de señalamiento que podría saturar la agenda “hasta finales de 2025”, y apuntó que el dato debe interpretarse como una “señal de alarma”: “Hay que tomar medidas si no queremos vernos en una situación de colapso total de la Justicia”, enfatizó.
El máximo responsable del servicio público en las Islas compareció hoy ante la comisión de la Cámara para exponer los datos más relevantes de la última memoria del TSJC, la referida al ejercicio de 2022. Recordó que el informe se había presentado en junio pasado y que no había podido rendir cuentas ante la Cámara con anterioridad por el calendario electoral, si bien ofreció datos actualizados a junio de 2023 sobre el funcionamiento de los órganos judiciales en las Islas. Estos, sintetizó, confirman las tendencias apuntadas en el informe anual: incremento de asuntos generalizado; litigiosidad muy por encima de la media nacional de forma continuada; aumento de pendencia y, en el lado positivo, alto rendimiento de los juzgados e incremento en la tasa de resolución.
El presidente lamentó durante su exposición los obstáculos que están impidiendo la consolidación del expediente electrónico judicial y recordó, en este sentido, el lastre que supone que el sistema informático del Gobierno de Canarias que soporta el servicio público, el Atlante, no esté a día de hoy homologado por el Consejo General del Poder Judicial.
Advirtió de un notable aumento en las quejas por el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria y en referencia a asuntos que afectan a los colectivos más vulnerables, como son las mujeres y los niños. Habló de “dilaciones inaceptables” en la emisión de informes médico-forenses en referencia a estos.
En relación con las infraestructuras judiciales, consideró que la prioridad en las Islas debe ser la renovación de las sedes en Santa Cruz de Tenerife -calificó de “exasperante” la lentitud del proyecto de Ciudad de la Justicia en esta capital- y Puerto del Rosario, y expuso que el referente para todo el Archipiélago debería de ser la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, “por supuesto, a largo plazo, a 10 años vista, porque es necesario hacer un plan de infraestructuras judiciales a largo plazo”. En cuanto a la calidad del servicio, se mostró especialmente preocupado por el que se ofrece en los partidos judiciales de San Bartolomé de Tirajana y Granadilla de Abona, donde, subrayó, “el derecho a la tutela judicial efectiva es una entelequia”. Respecto a este último partido judicial, expuso que la Sala de Gobierno ha propuesto unificar los partidos judiciales de Granadilla y Arona “con nulo éxito” entre los responsables políticos.
El presidente recordó ante los parlamentarios que, a pesar de que para el año 2022 la previsión de crecimiento de órganos judiciales en las Islas era de cinco unidades, a día de hoy “no han entrado en funcionamiento tres de ellas”, y detalló que para 2023 la idea es que se creen 10 nuevas unidades judiciales, cinco por provincia.
Fuente: https://www.poderjudicial.es/