La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que la ciudad vasca de Donostia ejercerá la capitalidad española de la Economía Social en 2023.
«La candidatura de Donostia ha presentado un proyecto completo y bien argumentado, con un amplio apoyo institucional y del sector», ha explicado la ministra, que ha hecho este anuncio durante la celebración del Consejo para el Fomento de la Economía Social en Santiago de Compostela, que actualmente ostenta la capitalidad de la Economía Social.
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha presidido este órgano consultivo. «El amplio y fructífero desarrollo de la Economía Social en Euskadi y los esfuerzos para que siga expandiéndose este modelo económico que se distingue por ser más sostenible, justo e igualitario, convierten a Donostia en digna anfitriona de la capitalidad española de la Economía Social», ha señalado Pérez Rey durante la sesión de otoño del Consejo.
Con esta concesión a Donostia se reconoce además a una región que ha sido tenaz en el fomento de la Economía Social y que cuenta con empresas que son referente a nivel internacional.
Ley Integral de la Economía Social y Solidaria
El Ministerio de Trabajo reactivó el pasado mes de febrero, tras once años de letargo, el Consejo para el Fomento de la Economía Social, integrado también por los principales responsables de la Economía Social de las comunidades Autónomas y representantes de las entidades del sector.
En este órgano consultivo se ha abordado, además, la futura Ley Integral de la Economía Social, una normativa que actualmente se encuentra en fase de consulta pública y que engloba la modernización y actualización de la Ley 27/1999 de Cooperativas, la Ley 44/2007 para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, así como la pionera Ley 5/2011 de Economía Social.
El objetivo, ha señalado Pérez Rey, es dar un espaldarazo a todo el ecosistema de entidades que conforman la extensa red de la economía social dificultando el intrusismo, adaptando la legislación al dinamismo de las entidades de la Economía Social que van surgiendo y otorgando más seguridad jurídica a estas empresas que integran la economía social como las cooperativas, las sociedades laborales, las empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutualidades, fundaciones o cofradías de pescadores, entre otras. En total suman más de 43.000 empresas y engloban unos dos millones de empleos directos e indirectos.
El secretario de Estado, que ha acudido a Santiago acompañado por la directora general del Trabajo Autónomo, la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín, ha insistido en la relevancia que su departamento concede a este modelo productivo y como prueba de ello ha señalado los más de 800 millones de euros que se van a destinar al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y de los Cuidados, único en Europa.
Además del PERTE, el presupuesto se ha multiplicado por diez, la partida presupuestaria del ministerio destinada a la Economía Social se ha multiplicado por diez en apenas tres años: ha ascendido a 81,5 millones de euros el próximo ejercicio tras partir de los 8,2 millones en 2020.
«El apoyo institucional, las reformas normativas y el apoyo financiero a los proyectos buscan la modernización e impulso del sector y su adaptación a la realidad socioeconómica», ha insistido Pérez Rey, quien ha avanzado a los presentes la intención de establecer la Economía Social como una de las prioridades de la próxima presidencia rotativa española de la Unión Europea, en el segundo trimestre de 2023.
Aval de las instituciones internacionales
El secretario de Estado ha destacado el buen momento que atraviesa la Economía Social tras la aprobación en diciembre pasado en la Unión Europea del primer Plan de Acción de Economía Social.
En junio pasado, el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó una Recomendación sobre Economía Social y Solidaria e Innovación Social, mientras que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó la pionera resolución sobre trabajo decente y la economía social y solidaria.
En opinión de Pérez Rey, las políticas públicas deben procurar el bienestar de las personas y su entorno, principio por el que se rige la Economía Social. «Necesitamos más y mejor Economía Social para seguir persiguiendo una sociedad y una economía más justas y solidarias», ha concluido el secretario de Estado.
Fuente: www.lamoncloa.gob.es