La Consejería de Justicia y la Universidad de Málaga trabajan con parejas con separaciones conflictivas para lograr restaurar el orden familiar en beneficio de los hijos
Más de 17.000 parejas andaluzas se divorcian cada año y alrededor de la mitad tiene hijos menores en común. Lo deseable es que la separación se realice de mutuo acuerdo pero alrededor de un 5% de las disoluciones matrimoniales son conflictivas y los cónyuges acaban «inmersos en una espiral de litigios» que afecta a los niños. De hecho, hay estudios que indican que muchos de hijos aque viven separaciones conflictivas no solo pueden sufrir problemas psicológicos, sino que incluso acaban imitando conductas agresivas e incluso violentas dentro de hasta su propio círculo familiar.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, en colaboración con la Universidad de Málaga (UMA), ha puesto en marcha un programa piloto que busca resolver situaciones que la acción judicial no logra atajar, y que provocan en muchas ocasiones que los hijos se vean envueltos en un proceso judicial tras otro, con las consecuencias que dicha situación genera en los menores. Se trata del coordinador de parentalidad, una figura en el que abogados y psicólogos trabajan en equipo con la familia, siempre previa orden del juez.
Andalucía ha puesto en marcha tras el verano un proyecto piloto para evaluar los resultados de esta figura, que en Españaque en España ya funciona o está en periodo de ensayo en comunidades como Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Madrid y Galicia. Actualmente, hay tres equipos trabajando con cuatro familias, aunque se espera que próximamente se incorporen dos más.. Actualmente, hay tres equipos trabajando con cuatro familias, aunque se espera que próximamente se incorporen otras dos.
La elección de Málaga para realizar el proyecto piloto obedece a que la Universidad cuenta con un Servicio de Atención Psicológica y también a la disposición de los jueces de familia de la provincia, según indica el director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta, Francisco Ontiveros, desde cuya dirección general se coordina este proyecto junto a la UMA.
La profesora de Derecho Procesal de la UMA Yolanda de Lucchi es una de las coordinadoras del programa y según explica se ha diseñado un protocolo para establecer los criterios que deben cumplir las familias y el procedimiento para realizar la derivación, que «siempre debe ser por resolución judicial».
Evitar al menor procesos judiciales
De Lucchi deja claro que se trata de una figura «pensada para el bienestar de los menores, aunque de soslayo contribuya a reducir la litigiosidad en los juzgados de familia», ya que «son familias que continuamente están pasando por los juzgados» por incumplimientos de la sentencia de divorcio, negativas a cumplir el régimen de visitas o interferencias de otros familiares. En definitiva, «la reordenación familiar tras la ruptura no se ha hecho bien» y eso es lo que desemboca en muchos casos en que los menores acaben siendo las víctimas y que incluso terminen reproduciendo patrones agresivos en casa.
Lo primero que hace el equipo que trabaja con cada familia es una radiografía del caso para saber cuestiones como «cuántas veces han estado en el juzgados, si hay problemas con el régimen de visitas o si éstas se realizan a través de un Punto de Encuentro Familiar». Con esta información, diseñan un Plan de Actuación en el que involucran a los abogados de las partes, ya que para De Lucchi «es absolutamente imprescindible contar con su colaboración», algo que de momento con las cuatro familias con las que están trabajando se está dando.
A partir de ahí tienen una primera reunión online con los miembros de la familia y luego presencial, «lo ideal es con todos juntos pero hay casos en los que no es posible y tienen que hacerse por separado o incluso porque los hijos tienen algunas circunstancias específicas como trastornos de espectro autista», por lo que la forma de intervenir se diseña de manera personalizada.
De Lucchi deja claro que «es un proceso lento» en el que hay que ver si lo que hay que reforzar es la comunicación entre los progenitores porque es mala o rediseñar un plan de parentalidad más amplio que lo que recoge el convenio regulador del divorcio, que se centra básicamente en el régimen de visitas y las pensione. Se trata de «abordar todo lo que afecta al menor», explica, desde viajes al extranjero con uno de los progenitores a si el menor hace la comunión u otras decisiones de índole religioso o escolar.
«Cuando se logra restaurar un poco el orden familiar, el equipo redacta un informe para el juez», señala la coordinadora, si bien durante el proceso «todo está documentado y periódicamente se da cuenta al juez, que sigue el procedimiento, porque es una figura judicial, no puede estar al margen de él que es quien decide derivarlos al coordinador de parentalidad porque considera que los resultados para los menores van a ser mejores que los que puede conseguir con medidas del ordenamiento jurídico».
De hecho, aunque para el proyecto piloto se ha contado con familias que voluntariamente han accedido a participar, si finalmente se implantara de forma regulada sería obligatorio «como cualquier otra medida judicial», en este caso someterse al trabajo con el coordinador de parentalidad para llegar a un entendimiento por imperativo legal. Finalmente, es el juez el que toma las decisiones sobe el caso en cuestión.
Fuente: www.juntadeandalucia.es