El ejército colombiano sostiene que el sangriento atentado ocurrido el sábado en el suroeste es obra del Estado Mayor Central (EMC), la principal facción disidente de las FARC. La cuestión de la seguridad aviva el debate político de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo
El balance definitivo de la masacre ocurrida el pasado sábado en la Vía Panamericana, en el departamento colombiano del Cauca, al suroeste del país, es de veinte muertos, todos civiles. Presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lanzaron un cilindro cargado de explosivos contra un autobús en el tramo conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío, destruyendo también otros quince vehículos que circulaban por allí y un tramo de la calzada. Los detalles de la masacre han sido dados a conocer por el Instituto de Medicina Legal de Colombia en un comunicado oficial, según el cual los cuerpos pertenecerían a quince mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad. Se ha identificado a quince víctimas y se han entregado los restos a sus familiares. Para las cinco restantes, aún está en curso el proceso técnico de identificación.
Los grupos disidentes de las FARC
El ejército colombiano no tiene dudas: los autores del atentado pertenecen al Estado Mayor Central (EMC), la principal facción disidente de las FARC, liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia. En los días previos al atentado de El Túnel se habían recibido señales inquietantes. Con el mismo modus operandi habían sido atacadas unidades militares en Cali y Palmira, en el cercano departamento del Valle del Cauca. El objetivo principal era el radar de la Aeronáutica Civil en Cerro Santana, en el municipio de El Tambo.
Hacia las elecciones de finales de mayo
La masacre de Cajibío se produce a poco más de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. El presidente Gustavo Petro ha condenado el ataque calificando de «terroristas» a los autores que, según él, intentan «generar miedo masivo en la población a través de la violencia». El atentado se produjo pocas horas después de la visita del presidente Petro a Venezuela, durante la cual se anunció un acuerdo de cooperación militar con Caracas para liberar las zonas fronterizas de los grupos paramilitares implicados en actividades ilegales, como el tráfico de drogas y de minerales preciosos. La cuestión de la seguridad pasó inmediatamente a ser el centro de los enfrentamientos verbales entre los candidatos que se disputan las presidenciales. Iván Cepeda, del Pacto Histórico, condenó el atentado, pero también planteó la cuestión de una posible instrumentalización: «Es profundamente preocupante que estas acciones terroristas se produzcan en las regiones del sur, donde existe un amplio apoyo a nuestro proyecto político». La respuesta de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, no se hizo esperar: «El país no merece que se desvíe la atención insinuando que esto tiene como objetivo favorecer a determinados sectores políticos. Ha llegado el momento de admitir que la paz total ha fracasado». Sergio Fajardo, del partido centrista Dignidad y Compromiso, expresó su solidaridad con las víctimas y pidió una revisión urgente de la política de seguridad, mientras que el expresidente, Iván Duque, habló de «las consecuencias de una política de apaciguamiento» que habría debilitado la capacidad ofensiva del Estado.
Violencia y derechos humanos
La cuestión de la seguridad está destinada a seguir siendo el centro de la campaña electoral de cara a las presidenciales, en un contexto delicado en el que las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) están estancadas, mientras que las de las facciones disidentes de las FARC avanzan a trompicones, y la violencia en el Cauca y el Valle del Cauca no da señales de disminuir. El pasado 26 de febrero, las Naciones Unidas intervinieron para pedir al Gobierno colombiano que reforzara las garantías de participación democrática y acelerara la aplicación del acuerdo de paz de 2016, aún en gran parte sin cumplir. El informe anual de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos es elocuente: en 2025 fueron asesinados 99 defensores de los derechos humanos y se produjeron 53 masacres. Y el panorama más alarmante es precisamente el de Cauca y Valle del Cauca, donde en 2025 se registraron 44 ataques con explosivos: 21 civiles y ocho miembros de las fuerzas del orden asesinados, 206 heridos. En la ciudad de Cali, cuatro atentados causaron 12 muertos entre la población civil, entre ellos un menor, y unos 150 heridos.
Fuente: https://www.vaticannews.va/